Las cifras son escalofriantes. Las violencias contra las mujeres no cesan, por el contrario, se incrementan, y Antioquia no escapa a la compleja situación que incluye homicidios, feminicidios, violencia física, psicológica y sexual, lo que deja al descubierto la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran ante una sociedad y unas autoridades indolentes.

Pero más preocupante es la apatía frente al tema, que inexplicablemente consiente que la crueldad de esos hechos se convierta en rutina.

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En el XVI Informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Medellín y Antioquia entre 2016 y 2017, con énfasis en violencias sexuales contra niñas y adolescentes, presentado por la Corporación Vamos Mujer, la Corporación para la Vida Mujeres que crean y la Corporación Educativa Combos, se retrata la cruda realidad que viven ellas a todas las edades y en múltiples ambientes.

En cuanto a homicidios de mujeres, en 2016 se reportaron en Antioquia 128 casos y en 2017 166, es decir 38 muertes más, lo que muestra un notable aumento de estos episodios que lo ubican como el décimo departamento en esa deshonrosa lista, antecedido por Vichada, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá, Quindío, Casanare, Guaviare, Cauca y Norte.

Y a nivel de subregiones, llama la atención que en seis de ellas la tasa de homicidios de mujeres en Antioquia supera la del departamento que es de 23,02 personas asesinadas por cada cien mil habitantes: Nordeste 10,84, Suroeste 9,74, Bajo Cauca 7,05, Occidente 5,88, Norte 5,61 y Magdalena Medio 5,15.

En cuanto a delitos sexuales contra mujeres, Antioquia sigue siendo el segundo departamento del país en el que más casos se presentan, incluso con una clara tendencia al aumento. Mientras en 2016 se reportaron 1.800 casos, en 2017 la cifra ascendió a 2.451. Es decir, 651 casos más de un año a otro, para un total de 4.251 agresiones sexuales en los dos años.

De acuerdo con los informes Forensis en ese periodo de análisis, Antioquia también ocupa el segundo lugar en cuanto a número total de casos de exámenes médico-legales por presunto delito sexual, con 2.163 y 2.929 casos, respectivamente, sólo superado por Bogotá con 4.211 y 4.147.

Indiferencia e impunidad

Gloria María Bustamante, coordinadora de investigación de la Corporación Educativa Combos, sostiene que esto sigue sucediendo por varias razones: “Porque como sociedad no hemos tomado en serio la violencia contra las mujeres y especialmente la violencia sexual contra las niñas y adolescentes. Porque hemos naturalizado esa violencia, porque hay indiferencia e impunidad, y cuando digo indiferencia es de toda la sociedad, de las autoridades y del gobierno”.

La investigadora denuncia que “en los barrios todo el mundo sabe quién es el abusador, las niñas saben quién o quiénes son, con nombres, con apellidos, lo saben las mamás, pero como con eso no pasa nada, el silencio ante la impunidad legitima y normaliza esas violencias”.

Y en muchos casos hay silencio por temor a represalias, porque esas violencias contra las mujeres están ligadas estrechamente a otros fenómenos de violencia asociados al conflicto armado que ha asolado al país durante décadas.

Por eso el Informe considera que “los asesinatos de mujeres constituyen el punto culminante de una espiral ascendente de violencias perpetradas por parejas o exparejas, familiares o conocidos que recurren principalmente a armas de fuego, objetos cortopunzantes y al estrangulamiento o asfixia mecánica, lo cual evidencia que se trata de homicidios premeditados, con sevicia, que buscan además infligir el máximo dolor y sufrimiento posible a la víctima para reafirmar el dominio y poder del agresor”. En este sentido, apunta, “el feminicidio es una amenaza latente a lo largo de la vida de las mujeres”.

Ante eso Bustamante insiste en que “la mujer tiene hoy unos derechos de papel, tratados, leyes, normas que están escritas, pero que nadie cumple, que no se convierten en hechos concretos”, por lo que no sólo reclamó la atención y la acción del Gobierno municipal, sino que invitó “a la sociedad civil a que también haga movilización social, y se haga permanente seguimiento y veeduría a este tipo de acuerdos”.

A eso agregó que “hoy más que nunca es importante construir espacios y barrios protectores a través de campañas de sensibilización con las comunidades, con el tendero, con los que están en la cancha, en la esquina, con esos hombres que son los principales agresores, y que entiendan que esa agresión también es un delito”.

Mejor prevenir que curar

“Un país que no cuide a sus niños, niñas y adolescentes, que no proteja a la mujer, está condenado a la repetición de los abusos y las tragedias que tanto dolor han sembrado en nuestra sociedad”, resaltó a su vez Patricia Uribe, directora de la Corporación Mujeres que Crean.

Por eso hizo un llamado “a toda la Administración municipal, secretarías y entes descentralizados, para que tomen esa situación en serio, para que se pongan en práctica verdaderos programas de prevención contra toda clase de violencias de género”.

Y de paso instó al Concejo municipal y concretamente “a esa amplia bancada femenina, que mire la situación de niñas y adolescentes y gestione los recursos que se necesitan para cumplir la ley, porque sale más costoso atender que prevenir”.