Está calientica la elección de los nueve magistrados que integrarán la máxima autoridad electoral del país: El Consejo Nacional Electoral [CNE]. Antes de ello, la ministra del Interior le pidió a la Sala de Consulta del Consejo de Estado [como órgano consultivo del gobierno] un concepto en dos sentidos: a) Si antes de llevarse a cabo la elección, tenía que surtirse sine qua non una convocatoria pública y b) Si el Congreso podía hacer per se la verificación del cumplimiento de los requisitos de los candidatos. El alto tribunal fue categórico en ambas respuestas: A la primera, contestó que no era menester una convocatoria pública desde el ámbito constitucional, dado que la ley de Equilibrio de Poderes prevé la convocatoria, salvo los concursos regulados por la ley, y trajo una ñapa: La elección del CNE tiene y conserva una composición “eminentemente política”. Y a la segunda, manifestó que en efecto el Congreso puede perfectamente verificar los requisitos y las calidades de los candidatos.

Si somos estrictos y críticos, tenemos que decir que es una vergüenza que la elección de magistrados tenga jaez “eminentemente político”. No podemos perder de vista que estamos hablando de magistrados, no de niveles distintos de importancia mediana o baja. Debería garantizarse, por ello, no solo la independencia de la magistratura sino también la idoneidad para ejercer el cargo, valga decir, el acopio de conocimientos, de estructura académica y de experiencia en materia electoral. Vamos a la realidad: Heriberto Sanabria, Jorge Enrique Rozo y Hernán Penagos, saltaron del pabellón de los quemados del Congreso a la magistratura electoral, como todo un reencauche. Tardaron mes y medio como descabezados, Y así por el estilo, los partidos políticos fueron ubicando sus fichas bajo los auspicios de los acuerdos y la cifra repartidora. Y los ungieron como magistrados. Y se habla de magistrados como cuotas políticas de los partidos. ¿Y la justicia despolitizada seguirá siendo una quimera?

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En definitiva, la elección de estos magistrados –maniatados a la componenda y como cuotas políticas, razones a las cuales no podrán escapar– es el reflejo de la composición y el organigrama de las fuerzas políticas congresionales. Y dentro de ese teje-maneje, hay otra oscuridad: los candidatos no tienen la génesis en el propio Congreso nominador sino que devienen de los propios partidos políticos. Así que los flamantes magistrados, son simplemente fichas partidistas, provenientes de coaliciones y de arreglos políticos. Por eso, el Grupo de Interés de la Reforma Política [Girepo], que por lo que tengo entendido tiene eclosión en organizaciones de la sociedad civil, ha mostrado ingente preocupación porque la autoridad electoral, que precisamente es la encargada de investigar y sancionar a las organizaciones políticas, no detenta independencia, lo que es suficientemente grave para pensar que seguimos muy mal.

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Por eso no deja de sorprendernos que, la reciente decisión de la Sala Plena del CNE sobre Colombia Humana, se haya tomado en Derecho [¡Sí, en Derecho!]. Por una aplastante decisión, se derrotó la ponencia del magistrado electoral Alejandro Novoa, un lenguaraz magistrado que llegó al CNE por carambola, toda vez que en medio de una pelea entre los partidos políticos de la Unidad Nacional, aterrizó en representación de la izquierda y los independientes. Y para variar, Novoa –el mismísimo amigo de los micrófonos que por su prurito de figurar le costó haber sido despojado de la investigación contra la campaña de Santos en Odebrecht– se fue políticamente en favor de Petro con resultados fallidos. Política y justicia, amasijo infame que debería exterminarse de una vez por todas. Pero… ¿Quién le pone el cascabel al gato?