La notificación del fiscal General de la Nación al Ministerio del Interior (demostrando con datos que han espantado al país) que es “francamente inútil e improcedente el inventario presentado” por las Farc para cumplir con su obligación jurídica, no sólo moral, de reparar a las víctimas que causó durante el conflicto, es el primer acto formal en el que un alto representante del Estado certifica la inexistente voluntad de reconocimiento, respeto y reparación a las víctimas, que esa organización ha proclamado sistemáticamente (ver infográfico) a un país todavía engañado por el espejismo de “la paz” y, por tanto, ajeno a asumir su cuota de responsabilidad con el ignominioso precio que las Farc le pusieron.

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La consecuencia del destape ha sido, como era dable esperar, o temer, una feroz arremetida de las Farc, y los dispuestos a corearlas, contra el fiscal general, al que han convertido en blanco de injurias y calumnias basadas en falacias ad-hominem habilidosamente fabricadas para encantar a la galería y crear imaginarios perversos. A la arremetida le responden documentos entregados bajo responsabilidad del secretariado general en los que se consignan objetos y bienes no transables, o sea inútiles para reparar; inmuebles sin datos catastrales o propiedad de la Nación, y otros con valores intencionalmente inflados. La lista confirma la mala fe de quienes la hicieron, certificaron y entregaron.

Comprobada la decisión de burla de las Farc a la Nación, las víctimas y el acuerdo final, pues a las amenazantes declaraciones que certifican su carácter de experimentados secuestradores y extorsionistas sumaron la ofensiva lista de bienes, le corresponde al Gobierno Nacional cumplir con el acuerdo final. Y hacerlo sin los eufemismos y dilaciones que ha empezado a desplegar tratando de volver a domesticar a periodistas y voceros de opinión pública que empiezan a pasar de la sumisión benevolente a la distancia crítica frente a lo resuelto en La Habana y no enmendado en el segundo acuerdo final. Y compete a la sociedad participante exigir al fiscal que no baje la guardia para cumplir con sus obligaciones judiciales y acompañar al Gobierno para que sí atienda sus obligaciones constitucionales y éticas con las víctimas y el país.

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Los primeros pasos dados por el equipo del doctor Santos para exigir a las Farc sus obligaciones, o imponerles las medidas contempladas en el acuerdo final, no son esperanzadores.

El superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, corrió para mostrarse como el primer funcionario bendecidor, posando de inquisidor contra los tramposos. Actitud que aprovechó en declaraciones en distintas cadenas radiales para ofrecer una cifra, irrisoria según anteriores denuncias, de propiedades de las Farc. Posteriormente las bendijo al declarar que la mayor parte de lo que esa institución había documentado corresponde ?a baldíos de la Nación?. O el superintendente aún no se empapa de las realidades de un país en el que los predios no han sido registrados ante los catastros o se está haciendo el ciego ante el inmenso despojo perpetrado por las Farc contra campesinos que no tenían títulos de sus tierras,  obligados a ceder tras ser amedrentados por quienes actuaron como crueles señores en las zonas donde hacen presencia. Además de complaciente, su posición es peligrosa para las víctimas de despojo que, así las cosas, quedan obligadas a demostrar el crimen cometido contra ellas, y hacerlo cuando sus victimarios son aún sombra amenazante.

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La orquestación gubernamental para ensordecer el estruendo de la tramposa lista dispone de una sonora Comisión transitoria de verificación de los bienes de las Farc, decretada con asombrosa prisa e integrada por once funcionarios del Gobierno Nacional, a los que acompañarán delegados de la Fiscalía y la Procuraduría. El decreto 1407 del 24 de agosto de 2017 le entrega a ese grupo seis dispendiosas responsabilidades con las que le será posible excusar al Gobierno por dilatar la exclusión del secretariado de los generosos beneficios entregados para su desmovilización. Mientras intenta diluir este debate, el Gobierno seguirá abriendo el camino que le permite persistir en su presión a la Corte Constitucional y el Congreso, para que concluyan el trámite de normas que permitirían a las Farc participar en política, y hacerse elegir, sin haber encarado sus procesos judiciales y atendido sus obligaciones de verdad, justicia, reparación y no repetición, mismas que el presidente y sus negociadores declararon que harían respetar como garantía a la sociedad de la seriedad de su trato con ese grupo.

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