El Gobierno brasileño ha estado conteniendo su respiración mientras espera que se oficialicen procesos de investigación luego de que Rodrigo Janot, procurador de la República, entregara una segunda lista de sospechosos al Tribunal Supremo Federal (TSF). Este documento marcó el inicio de una nueva etapa en la operación Lava Jato que acaba de cumplir tres años. Las solicitudes de investigación deberán ser validadas por el TSF próximamente. Estas búsquedas están basadas en las declaraciones hechas por 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht que aceptaron cooperar en el proceso judicial a cambio de un tratamiento más favorable. A propósito, Janot afirmó que en Brasil había "una democracia bajo ataque y, en gran medida, comprometida en su esencia por la corrupción y por el abuso del poder económico y político" en una carta publicada el 15 de marzo pasado.

Una investigación monumental
Después de tres años de trabajo arduo, centenas de políticos y empresarios fueron y siguen siendo investigados, algunos de ellos quedaron encarcelados. Dilma Rousseff y Luiz Inácio “Lula” da Silva, ambos expresidentes, cayeron de su pedestal después de revelaciones que los involucran en asuntos ilegales. Rousseff fue destituida y las investigaciones hacia Lula siguen vigentes. La expresidenta no está libre de aprietos ya que Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, declaró que “Dilma sabía de la dimensión de nuestra donación y sabía que nosotros éramos quienes donábamos ". Sin embargo, la líder negó cualquier acto ilegal: "Dilma Rousseff no huye de la lucha" y "su vida pública es limpia y honrada", afirmó.

La bomba soltada por el Departamento de Justicia de EE.UU. en diciembre 2016, acusando a la constructora Odebrecht de haber pagado 788 millones de dólares de sobornos en doce países latinoamericanos y africanos, acabó de destapar la red de corrupción internacional que se ocultó durante años, dándole un nuevo impulso a las investigaciones. 

Obstrucción a la justicia 
La inquietud en Brasil es tal que surgieron denuncias por obstrucción al trabajo de la justicia. Miembros del Gobierno, como el senador Romero Jucá, han propuesto leyes y enmiendas constitucionales que frenarían el avance de las investigaciones. Además, el reciente nombramiento de Alexandre de Moraes como juez del TSF despertó preocupaciones entre quienes quieren acabar de tumbar la red de corrupción que se extendió por todo el país. Moraes reemplazó a Teori Zavascki después de que éste falleciera en un accidente aereo a principios de año. La polémica de su nombramiento por el presidente de la República, Michel Temer, se debe a que Moraes tiene vínculos estrechos con algunos políticos investigados en la operación Lava Jato. Esta división en las instituciones del país pone de relieve su situación crítica a casi un año de las elecciones presidenciales, aumentando la incertidumbre.

“Queremos nombres”
En los 12 países involucrados, tanto los ciudadanos como los políticos solicitaron que se divulguen los nombres envueltos en el escándalo. Brasil no ignoró ese pedido: el Ministerio Público decidió compartir a finales de julio con todos los países que lo soliciten, la confesiones de los exdirectivos de la constructora. Además, los fiscales de Perú, Colombia y Ecuador se reunieron en Quito para hablar del caso. 

En Ecuador, el tema fue evocado por muchos candidatos a la presidencia que reclamaron al presidente saliente, Rafael Correa, que divulgara nombres. No obstante, no se filtró información alguna. La empresa estuvo negociando con las autoridades ecuatorianas pero no se concluyó ningún acuerdo. "Odebrecht pide imposibles que Brasil sí le otorgó, es una claudicación del Estado brasileño, porque lo que pide Odebrecht es garantía de que no tendrá ningún juicio civil, ninguno penal, que no se va a revisar ningún contrato anterior, que pueda seguir contratando en el país, cosas realmente inadmisibles", dijo Correa.

En Colombia se están llevando a cabo investigaciones sobre la posible financiación de la campaña de Juan Manuel Santos después de que Roberto Prieto, su gerente de campaña en 2010, reconociera que "sí hubo una operación irregular" pero que el presidente colombiano "no tuvo nada que ver" con los sobornos de Odebrecht. Sin embargo, los ciudadanos no subestiman el impacto de futuras revelaciones en Colombia. “El monstruo Odebrecht es apenas la punta de un iceberg que puede cambiar el panorama político de Colombia”, opinó el analista Pedro Daza Ardila. 

En Perú, la justicia tampoco descansa: ya son dos las órdenes internacionales de captura del expresidente Alejandro Toledo, que está en el exterior. Según sus declaraciones en Twitter, no está huyendo de la justicia, no obstante, siguen sin encontrarlo. 

Panamá también hace parte de la lucha anticorrupción. La Asamblea Nacional instaló una Comisión de Investigación para los Casos de Corrupción a Nivel Nacional que investigará quiénes están involucrados en los sobornos. Casualmente, Odebrecht es la principal contratista del Estado panameño y está llevando a cabo proyectos de infraestructura que superan los 3.000 millones de dólares. Entre los investigados están los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Los fiscales del país decidieron viajar a Brasil en abril para recaudar más información y seguir las investigaciones. 

En República Dominicana la población no para de indignarse y reclamó justicia. El pasado 19 de marzo, una antorcha anticorrupción acabó de recorrer a todo el país. Días después, el jueves 23, el fiscal adjunto de la Oficina de Cooperación del Ministerio Público Federal de Brasil, Carlos Bruno Ferreira Da Silva, llegó a la isla a dar una serie de conferencias donde declaró que "el 14% del beneficio de las operaciones fraudulentas era destinado a los directivos de las empresas gubernamentales, el 6% a los agentes intermediarios que coordinaban la operación, y el 60% para los políticos".