El Gobierno ha concedido razón al fiscal general en su denuncia sobre los vacíos del decreto reglamentario sobre uso de bienes de las Farc, norma que permite dedicar bienes del conflicto a la actividad política. Como resultado de la denuncia del doctor Martínez Neira, se ha anunciado un decreto reglamentario destinado a corregir la “chambonada”, como la calificó el comisionado Sergio Jaramillo. 

El episodio ha puesto en la discusión nacional uno de los veinte decretos expedidos por el presidente Santos, sus asesores y ministros, en la carrera final para aprovechar las facultades especiales legislativas para el presidente que abrieron la Corte Constitucional, con su laxa interpretación del proceso de refrendación democrática del segundo acuerdo con las Farc y el Acto Legislativo para la Paz, y el Congreso, que mansamente atendió el requerimiento de refrendación que hizo el Gobierno, contrariando así la voluntad del soberano expresada en las urnas.

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El decreto reglamentario prometido tomará decisiones sobre los bienes identificados por la Fiscalía, que ascienden a varios billones de pesos según declaraciones del doctor Martínez Neira, y sobre aquellos que las Farc declaren ante el Tribunal Especial para la Paz.

Al culminar su período, el doctor Eduardo Montealegre anunció que la institución tenía registros de propiedades en manos de las Farc por valor superior a $75.000 millones. Investigaciones sobre nuevos archivos, más de cinco millones según el fiscal Martínez Neira, indican que los bienes y ganancias de las Farc valdrían “varios billones de pesos”, según dijo el fiscal general a medios nacionales. En sus declaraciones sobre cantidades exorbitantes de recursos conseguidos con el crimen, los dos fiscales generales no han explicado si han iniciado procesos de extinción de dominio, conforme a sus obligaciones con la legislación vigente en materia de patrimonios ilegales. 

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En el proceso de justicia transicional al que se ha prometido que se van a someter los miembros de las Farc, particularmente los máximos determinadores, se exige verdad, como reconocimiento de crímenes y reparación integral de víctimas, o sea satisfacción de sus derechos morales y económicos conculcados. La reparación económica a las víctimas de las Farc tendría que hacerse, consecuentemente, con los recursos llevados al fondo que se estableció en el decreto-ley denunciado, y ejecutarse con los bienes y posesiones que las Farc tienen que aportar en cumplimiento de sus obligaciones con la sociedad colombiana. Esas, puntualmente, son las correcciones que le quitarían a la norma presidencial la condición de “chambonada” reconocida por uno de sus artífices.