La corrupción y la crisis en la gestión pública que se viven en el país no constituyen un tema episódico y ocasional, que pueda remediarse con la adopción de medidas funcionales o con la redistribución de los cargos públicos, todo lo contrario, lo que se requiere es soluciones de fondo, como la transformación del sistema electoral, la promoción de la participación ciudadana, la publicidad en la gestión de los recursos públicos y de los privados cuando se involucran en asuntos estatales y la apropiación en forma masiva de la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Los particulares cuando se involucran en asuntos públicos, como la prestación de servicios públicos, el ejercicio de funciones públicas o la administración de bienes del Estado, siguen siendo particulares, pero eso no puede ser obstáculo para que sobre ellos se ejerzan todos los controles propios del derecho público y para que se exija la publicidad de muchos de los actos que en otras condiciones pudieron ser reservados.

La vinculación de particulares en asuntos públicos que se concreta a través de la prestación de servicios de servicios públicos como la salud, telecomunicaciones y los servicios domiciliarios, la construcción de obras públicas a través del sistema de concesión, la autorización para que los particulares ejerzan funciones públicas y administren recursos del estado y la existencia de diferentes modalidades de alianzas estratégicas público privadas, demandan un revisión a fondo de la forma como se ejerce el control sobre los bienes y recursos públicos, pues esto ha dejado de ser un asunto exclusivo de las personas al servicio del Estado.

El nuevo escenario que se ha construido en el país, no solo implica la intervención de los particulares en la gestión de servicios públicos, sino además la entrega a particulares de recursos públicos o de bienes del Estado y por ello deben adoptarse diferentes medidas que garanticen la prestación eficiente de los servicios y la protección plena de los bienes y recursos públicos.

La crisis que se registra en la prestación de servicios como la salud, así como en otros servicios públicos en todo el país y los escándalos permanentes que, en materia de corrupción, demandan una transformación sustancial en el actual esquema de controles administrativos y judiciales que se ejercen sobre los servidores públicos, pero además sobre los particulares que se involucren en asuntos estatales.

Cuatro puntos deben ser el eje de las transformaciones en el sistema de controles a la gestión de los asuntos y los recursos públicos: (i) la financiación de las campañas electorales, que en lo posible deben estar a cargo del Estado; (ii) el fortalecimiento de la democracia de participación en todas las etapas de la gestión pública, en especial en lo relativo al control a través de veedurías cívicas y controles ciudadanos; (iii) la publicidad de los actos tanto de los agentes públicos como de los privados que se involucran en asuntos públicos, en la medida en que se reconozca la publicidad de los actos de los particulares que se involucran en lo público, pierde sentido la reserva con la que actualmente se protegen muchas actividades propias del Estado; y (iv) el uso masivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones de tal manera que se permita el control a distancia y en tiempo real de todas las actividades públicas y el procesamiento automático de grandes volúmenes de información que mediante los sistemas tradicionales se hace inmanejable.

La solución que se plantea es integral y debe reconocer un nuevo concepto de lo público y de participación de los ciudadanos en los asuntos que son de su interés; en materia de gestión de recursos públicos o bienes del Estado, la trasparencia debe reemplazar al secreto y todos debemos tener como principio ético nuestro deber de hacer públicas las actuaciones que realizamos en privado.

Las medidas que se adopten no pueden estar en la vía de centralizar el control y alejarlo de los ciudadanos, todo lo contrario, el que el país demanda es la democratización en el ejercicio del control de los asuntos públicos.

*Docente y asesor