El Banco Agrario de Colombia hizo público que recibió $156.894 millones para la cancelación de las obligaciones crediticias pendientes a cargo del consorcio Navelena S.A.S (al que pertenecía  Odebrecth), y al que la entidad financiera le habría desembolsado un préstamo de manera irregular, informó este lunes la Contraloría General de la Nación.  

Según el órgano de control patrimonial, “en el comunicado difundido por el Banco Agrario de Colombia, también se mencionó que los recursos adeudados por Navelena S.A.S. en todo momento estuvieron debida y suficientemente garantizados, así mismo, señaló que estos créditos nunca causaron detrimento a las finanzas de la Nación”.

Como se recordará la Contraloría había iniciado una auditoría regular al Banco Agrario en la cual se identificó un presunto detrimento por $135.805 millones. De acuerdo con la Contraloria, “en el proceso de estudio, aprobación y desembolso El Banco omitió detalles como la reputación de la empresa solicitante del préstamo, de igual manera pasó por alto políticas emitidas por su junta directiva y estas omisiones llevaron a que Navelena S.A.S incumpliera finalmente el pago de sus obligaciones (capital e intereses)".

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“Además, en el curso de la auditoría se evidenció que la garantía aceptada por el Banco como respaldo de la exposición crediticia no reunía las características de idoneidad, eficacia y exigibilidad requeridas. Por esta razón la Contraloría concluyó que este riesgo de cartera estuvo descubierto durante toda su vigencia”, agregó la instancia de control.

Prueba de ello, anotó la Contraloría, es que al vencimiento de los créditos (diciembre de 2016) y frente al incumplimiento de las obligaciones por parte del consorcio, la garantía no sirvió como fuente de pago y, por ende, no se hizo efectiva.

“El pago tiene lugar diez meses después de la materialización del incumplimiento, tras la liquidación del contrato realizada por Cormagdalena, y, en todo caso, luego de que el ente de control hubiera establecido e informado el posible detrimento”, subrayó el ente supervisor.

La Contraloría General de la República finalizó su pronunciamiento aseverando que “valora positivamente” la recuperación de estos recursos.