Los operativos destinados a combatir el mercado de las drogas deben continuar, pero a la vez se espera una amplia oferta institucional para los habitantes de calle, que son quienes ponen la cara de esta problemática social en el Centro de Medellín.
Recuperación de la Avenida de Greiff.
Cuando las autoridades decidieron destapar las “ollas de vicio” en el Centro de Medellín, un problema que hasta hace poco más de una década era “invisible” para la gran mayoría, tal vez se pensó que los operativos con la Policía eran la mejor y única solución para erradicar esas fábricas del crimen y la problemática social que encierran.
Pero nada más lejos de la realidad. Las “ollas de vicio”, en las que conviven toda clase de actores y situaciones, desde los opulentos ingresos de quienes distribuyen drogas hasta la miseria más degradante de la condición humana, en medio de un contexto de vulnerabilidad, violencia y miedo, se han convertido desde entonces en el mayor dolor de cabeza para las Administraciones de turno y la misma ciudadanía.
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Y el problema se hizo visible porque los habitantes de calle que estaban metidos en cuevas y eventualmente salían al rebusque para poder tener con que consumir, se convirtieron en una especie de población nómada, mutante, que va de esquina en esquina. Primero fue la Plaza Cisneros, luego Barrio Triste, Niquitao, Cúcuta con Juanambú, Plaza Rojas Pinilla, Barbacoas, los bajos del puente Horacio Toro y después la avenida de Greiff, donde la semana pasada se realizó un gigantesco operativo en el que fueron detenidas cuatro personas, entre ellas alias don Omar, considerado el hombre clave del “negocio”, y además fueron demolidas varias edificaciones que servían de centro de operaciones y que ahora entran a procesos de extinción de dominio.
Una situación más que compleja, porque en ella confluyen aspectos sociales, económicos y humanos, drogas, comercio ilegal, explotación y la vida misma de centenares de personas consumidoras e inmersas en la oscuridad de ese mundo.
Por eso, cuando se habla de solución, expertos y conocedores del complejo tema opinan que “debe ser más que un operativo. Es un tema de manejo integral, que involucra Gobierno, Policía, Justicia y ciudadanía, de lo contrario no habrá solución”.
“Si no hay una intervención integral, no queda duda de que el problema va a mutar. Por eso lo primero que hay que preguntarse es ¿esta intervención es contra qué? Contra los sitios en los cuales hay distribución, expendio y consumo de psicoactivos en las llamadas cuevas, o es contra los habitantes de calle que estaban en el sector de la Avenida de Greiff?, se preguntó Luis Fernando Suárez, ex vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía de la pasada Administración Municipal y quien tuvo a su cargo los operativos en Barbacoas y otros sitios de la ciudad.
“Si el tema son los habitantes de calle, eso no se resuelve con esas intervenciones. Lo digo categóricamente. Esta Administración llegó y desmontó el proyecto que nosotros teníamos con el Hospital Mental de Antioquia”, afirma recordando que “sólo en Barbacoas se encontraron siete u ocho cuevas, cada una con 40 o 50 personas consumiendo psicoactivos, la mayoría de ellos habitantes de calle. De ahí sacamos muchas personas y cuando salimos de la Administración quedaron en proceso de recuperación en el Hospital Mental cerca de 200 personas”.
Insiste Suárez en que pensar en una solución implica un plan integral, tan amplio como costoso, en el que a esas personas en situación de calle se les den soluciones, como los centros de protección de la vida y procesos de rehabilitación, pues no se pueden tratar como delincuentes sino como enfermos mentales que sufren una esquizofrenia, una psicosis o cualquier otra enfermedad mental, pero que además son consumidores.
Mirada que comparten Sonia Vásquez y Ariel Ávila. La exconcejal y exgerente del Centro opina que el problema de habitantes de calle es un tema de manejo integral, que involucra a todas las autoridades y a toda la ciudad.
En el caso de la Avenida de Greiff, dice, "era urgente hacer esta intervención, pues además ahí en ese sector está ubicado un colegio de calidad al que niños y niñas tenían que asistir diariamente en medio de un ambiente de oferta y consumo de psicoactivos. Sin embargo, la tarea no puede quedar ahí, hay que tener una oferta de alternativas y posibilidades para esas personas”, por lo que reclamó la participación de la ciudadanía y la creatividad de la Administración en la búsqueda de una solución.
“Se trata ahora de mirar el procedimiento, en qué tenemos que ser creativos y revolucionarios para atender este tema. No basta el operativo, yo creo que hay que ir más allá, mirar lo que se ha hecho en Holanda y otros países de Europa con situaciones muy similares”, argumenta mientras demanda la ayuda ciudadana “porque no podemos seguir alimentando esta situación dando limosnas, cuando no ayudamos a que unos programas institucionales salgan adelante”, y pone como ejemplo a “unas personas como los aguapaneleros que mostraban una labor altruista muy bonita, pero que daba al traste con los programas institucionales”.
A su vez, Ariel Ávila, subdirector de Fundación Paz y Reconciliación, apunta que “estos operativos generan un efecto bomba, se aprieta en un barrio y explota en el barrio vecino, pero eso no combate el mercado ilegal. Esos operativos sólo sirven para mejorar la popularidad del alcalde de turno, de algún mandatario o del comandante de Policía. Pero en general eso no disminuye ni la presencia de organizaciones criminales, ni el flujo de la economía ilegal”.
El factor humano será siempre la prioridad de cualquier proceso social, y en esa línea los habitantes de calle son el centro de atención de esta problemática.
Ante esa situación, asegura Luis Fernando Suárez, el programa de Inclusión Social en la Administración anterior “operaba con base en la ley, un decreto firmado por el alcalde, el mismo Código de la Policía y la ley de Salud Mental que dice que estas personas tienen una patología dual”, lo que le permite al Estado trasladarlos, así sea contra su voluntad, a una institución especializada para que inicien un proceso de desintoxicación, porque voluntariamente no se monta ninguno de ellos a la buseta de Bienestar Social”. Obviamente, agrega, “eso se hace protegiendo todos sus derechos, toda su integridad, siendo garantes con el Ministerio Público a un lado, y llevándolos a una entidad especializada”.
Por eso, sin eximir de responsabilidades a todas las autoridades, porque “es increíble que dejen tomarse las avenidas del Centro por esas plazas de vicio”, ante la mirada impávida de todo el mundo, Sonia Vásquez pide acciones coordinadas que involucren todas las dependencias de las Alcaldía, Fiscalía, Espacio Público con un permanente control y vigilancia de cada sector y a toda la comunidad, que no debe dar limosnas, para hacerles ver a esos habitantes de calle que ellos tienen derechos pero también tienen deberes con la ciudad. Hay que ponerles un grado de exigencia”.
Pero reitera que “hay que cambiar el esquema, hay que ser creativos en esa otra forma de atender el tema, porque si seguimos haciendo lo mismo, cada vez se va a repetir”.
Eso sí, reconoce Suárez, aunque el problema sea más de fondo, “obviamente las estructuras criminales hay que golpearlas, esas plazas de vicio hay que perseguirlas donde estén”.
Visión que no reprocha ni descarta Ariel Ávila, aunque advierte que son dos temas muy diferentes, no complementarios: “Una cosa son los operativos, que pueden ser necesarios, pero no tienen nada que ver con los habitantes de calle, que son un tema muy complejo porque con ellos los niveles de reincidencia son muy altos, entonces es una tarea a largo plazo, donde hay que recomponer los pilares de la familia y los pilares sociales de esas personas, ofrecerles un proyecto de vida y otras alternativas, y eso no se logra de un día a otro”.
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