Una fuente que merece nuestra confianza nos ha facilitado copias de la Resolución 590 del 7 de diciembre, de la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, que proclama los resultados de la quinta convocatoria del concurso para designar, por período de cinco años, a los curadores urbanos primero, segundo y cuarto de Medellín, despachos vacantes. De once expertos que se presentaron para asumir las atractivas funciones de curaduría urbana, sólo uno alcanzó los 350 puntos que se exigen en la prueba escrita, de carácter técnico, así como alcanzó puntajes satisfactorios en los ítems de formación académica y equipo de trabajo, aunque registró un puntaje bajo en la entrevista que completaba el proceso de selección, liderado por la Universidad Pontificia Bolivariana.

Que el único candidato elegible sea Carlos Alberto Ruiz Arango ha desatado una fuerte tormenta en redes sociales. Este aspirante, en proceso en el que se pueden presentar objeciones durante tres días, enfrenta una investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación, que en mayo pasado profirió pliego de cargos en su contra, además de un proceso penal, en segunda instancia. En ambos procesos se busca esclarecer si es corresponsable de la tragedia de Space al haber exonerado de supervisión técnica al grupo CDO para el proyecto, situación que, en criterio de la Procuraduría, habría facilitado el incumplimiento de normas de sismorresistencia en el diseño y construcción del edificio. Ser investigado no convierte al señor Ruiz Arango en culpable de la muerte de doce personas y las pérdidas patrimoniales de los afectados por los defectos constructivos en las urbanizaciones que avaló, Continental Towers y Asensi, hoy desocupadas por mandato de las autoridades, además de Space, pero la no demostración de responsabilidad por autoridades que han necesitado tres años para avanzar en los casos, y han permitido toda clase de tácticas dilatorias de los acusados en el proceso penal, crean un limbo que permite la emergencia de voces justicieras en redes sociales y le facilita al procesado aprovechar vacíos normativos, para intentar volver a la posición de la que fue separado a fin de realizar las investigaciones todavía pendientes. 

El concurso vuelve a generar grandes interrogantes, que sería equivocado dirigir al rigor con que la Alcaldía de Medellín y las universidades, antes la Nacional y hoy la UPB, han dirigido el proceso de selección de los notarios encargados de certificar que nuevos edificios cumplen con las normas técnicas y de urbanismo que protegen vidas, les dan calidad y forjan hábitat.

El resultado del concurso interpela al Gobierno Nacional. Y es que, así lo quisieran, las alcaldías y universidades no pueden salirse de los parámetros del Decreto 1077 de 2015, que reorganizó el sector vivienda, y de la Ley de vivienda segura (1796 de 2013), que determinó nuevas exigencias a la construcción. A pesar de las buenas intenciones proclamadas en ambas normas, se presentan hechos como que un ciudadano con investigaciones pendientes por haber omitido procedimientos para garantizar la seguridad en las construcciones que vigilaba, puede concurrir, y ser calificado, en el concurso de curadores urbanos, o sea en el proceso de selección de quienes vigilan que las viviendas nuevas sí garanticen cuidado a la vida de sus habitantes.

El resultado del proceso también exige interpelar a las universidades que están formando los ingenieros y arquitectos y a los gremios que acompañan su perfeccionamiento, así como hacen control ético y técnico su actividad. En ellas se reviven, porque así lo exige la intención del curador investigado, las preguntas a la ética de quienes aspiran a ejercer estos cargos. Y también nacen interrogantes a la calidad de los procesos de formación y actualización de los egresados, sobre todo considerando que los diez ciudadanos que no tuvieron el puntaje mínimo en la prueba escrita son reconocidos por su profesionalismo y por ejercicios como curadores urbanos, la mayoría, o en el Departamento de Planeación. El examen a estos procesos adquiere máxima relevancia ante la inminencia de construcción de edificaciones que deben realizar el propósito de levantar una ciudad densa, o sea en altura, establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial. También, dadas las denuncias que publicó El Colombiano sobre presiones del gremio urbanizador a concejales de municipios que estudian los POT locales.