Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de Cali, ha ejercido su ministerio con total sentido cristiano y de servicio social durante cuarenta años.

El 1 de agosto de 2010 se posesionó como obispo coadjutor de Cali, y el 8 de mayo de 2011 como arzobispo metropolitano de esa ciudad. Describe así su misión: “Llegué con el encargo expreso del papa Benedicto XVI de trabajar en bien de la comunidad, en particular de los más pobres, en el mejoramiento de las condiciones de vida y de la moral, muy deterioradas en la ciudad”.

Entre los graves problemas que encontró en la sociedad caleña fue la pederastia. En esa ciudad se denuncian del orden de dos mil casos de este flagelo por año, de los cuales el 94 % ocurren en casas de familia. Se estima que otros diez mil se quedan sin denunciar anualmente. Dice monseñor Monsalve: “No se puede desconocer o minimizar la pederastia cometida por sacerdotes, que condenamos enérgicamente, pero ésta no es la única ni la mayor causa de ese delito, que sucede en el hogar y el colegio, entre otros. Además, está la responsabilidad ineludible de los padres de familia en educar y vigilar a sus hijos. Debo mencionar que la degradación de la familia por la mal llamada ideología de género agrava la pederastia porque debilita los valores familiares”.

Un año antes de llegar monseñor Darío a Cali, había sucedido un caso muy doloroso, que ahora ha vuelto a ser noticia: El sacerdote William Mazo Pérez, párroco de Nuestra Señora de la Candelaria, en el sector de Aguablanca, había cometido pederastia contra dos menores, hechos ocurridos el 18 de julio de 2009. El cura fue detenido el 30 de junio de 2010. Un juez de Cali dictó sentencia en su contra el 2 de marzo de 2012 y lo condenó a 33 años de cárcel, que está pagando. El arzobispo anterior, Juan Francisco Sarasti Jaramillo, lo suspendió en sus funciones sacerdotales de por vida.

Cuando conoció el caso y constató que durante ese año no se había brindado apoyo a esos dos niños ni a su familia, monseñor Darío Monsalve se puso en contacto con ellos, conoció su triste situación, el impacto emocional que sufrieron y las múltiples falencias familiares que vivían. Era evidente la necesidad de repararlos y compensarlos con justicia. Es así como puso a disposición de los menores una psicóloga permanente, ofreció que la Arquidiócesis se encargaría de cubrir los gastos de su educación básica, universitaria y posgrado, y les brindó ayuda para mejorar su vivienda y su situación laboral y familiar. En su momento se estimó que el costo del apoyo ofrecido por la Iglesia superaría los setecientos millones de pesos.

Estos programas se vieron truncados por la intervención del abogado Elmer Montaña, que convenció a la familia de las víctimas de renunciar a ellos y más bien demandar jurídicamente a la Arquidiócesis buscando una compensación exclusivamente económica.

Algo que la opinión pública no sabe es que el contrato que el abogado Montaña suscribió con esa familia estipula que él recibirá el treinta por ciento de lo que obtengan en los estrados. Cabe inferir que para él se vuelve más importante el dinero que la recuperación efectiva de los niños.

La demanda está hoy tasada en $8.692 millones, con tendencia a aumentar. Esta suma se sale de los topes legales y racionales, y amenaza la supervivencia de la Arquidiócesis. Ésta se ha visto obligada a defenderse con todos los recursos legales.

No es cierto que la Arquidiócesis eluda su responsabilidad, exculpe al sacerdote o culpe a los niños. Todo lo contrario. Es injusto que los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales distorsionen los hechos y ofendan la dignidad de una Iglesia y de un prelado que quieren hacer bien las cosas.