Un año y medio después de que el Gobierno Nacional tomara la inconveniente y reprochable decisión de vender a Isagen, vienen a priorizarse los proyectos en los cuales se van a invertir los 307.000 millones de pesos que le corresponden a Antioquia del total de 650.000 millones que el Estado debe invertir por ley en los municipios y departamentos ubicados en el área de influencia de la empresa enajenada y que corresponden al 10% del valor de la venta, que ascendió a $6,5 billones.

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A lo inexplicable de la demora se suma la incertidumbre sobre el destino del resto del dinero, que en teoría  iba a financiar las vías 4G, pero cuya trazabilidad, hasta la fecha, permanece oculta a los ciudadanos, lo que nos hace temer lo peor ante la avalancha de escándalos de corrupción que han salido a la luz en los últimos meses.

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En términos económicos nos resulta extraño, por decir lo menos, que aunque la Ley de Metros sigue vigente y obliga a la Nación a aportar entre el 30 y el 70 por ciento del valor de los proyectos de transporte masivo a las ciudades, recursos que deben salir de los ingresos corrientes, el Gobierno destine apenas $25.000 millones para el cable del Picacho –es decir el 8,9% de los 280.000 millones que vale la obra- y haya promovido dentro de las obras priorizadas por la Gobernación la destinación de una suma idéntica para la citada obra. Mantiene el Gobierno Santos su actitud cicatera con Antioquia pues, mientras tanto, para el metro de Bogotá excederá con su aporte lo estipulado en la ley, pues los $9 billones anunciados corresponden al 80% de los 12,6 billones que cuesta la obra.

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Por supuesto que recibimos con agrado el aporte anunciado para el cable del Picacho, pues de esta manera queda asegurada su financiación, cuyo case inicial lo dejó la Administración del exalcalde Aníbal Gaviria con $158.000 millones del Fondo Medellín Ciudad para la Vida.

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Pero, de nuevo, no hay felicidad completa, pues el Gobierno Nacional sigue guardando silencio, pese a insistentes llamados, frente al aporte para la solución de movilidad en la carrera 80, donde la carencia de un sistema de transporte masivo ya ha hecho crisis, lo que ha contribuido a agravar la situación crítica de contaminación que la ciudad atraviesa, claramente atribuible al parque automotor con alta incidencia de las motos, que representan la mayor atomización del transporte y sustituyen la carencia de alternativas sostenibles para la gente. No podemos augurar una mejoría sustancial en la problemática ambiental mientras la incertidumbre en torno a una solución sostenible no sea una realidad. Nuevamente, el Gobierno Nacional tiene la palabra.