Con su demostrada capacidad de hacer propaganda y manipular, el presidente Santos planteó a la opinión pública un dilema, con respuesta única, entre terminar el diálogo con el Eln o defender vidas humanas. La hábil encerrona es otra de las falacias de este gobierno para continuar sus tratativas, ¿con ánimo de entrega?, con ese grupo, del mismo modo en que consiguió hacerlo con las Farc.

Las respuestas mas elocuentes a la encerrona están en los hechos del posacuerdo y en el mortífero proceso de negociación con el Eln.

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El Cicr, la más independiente y una de las más reputadas organizaciones globales en asuntos de Derecho Internacional Humanitario, acaba de entregar un inquietante balance del conflicto en Colombia durante 2017, el primer año tras la firma del segundo acuerdo final con las Farc. Además de indicar que en ese año atendió 550 casos de violaciones al DIH y los Derechos Humanos, notificó su preocupación por que, en los departamentos de Chocó, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Antioquia, Arauca y Caquetá, ocurre un recrudecimiento del conflicto asociado a la presencia de disidencias de las Farc y el crecimiento de otros grupos ilegales. De su explicación se colige que Colombia no se enfrenta a dificultades propias de un posacuerdo, sino al surgimiento de un nuevo conflicto, hijo de la mala resolución del anterior.

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Las amenazas a la vida, la seguridad y el patrimonio de habitantes de los territorios afectados, muestran los resultados de un proceso lleno de improvisaciones. Porque no ha habido copamiento estatal integral, dice el Cicr, o porque se dieron amplias concesiones y se hicieron pocas exigencias a una organización que detentaba poder por su participación en el narcotráfico, sus armas y el control de sus integrantes, y a la que ni siquiera se le exigió entregar información precisa que permitiera controlar estos componentes estratégicos de la amenaza generalizada a la sociedad.

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El riesgo tomado con las Farc es del tenor del que se quiere imponer con el Eln. Así se muestra en los hechos de una semana que inició con la oferta de tregua unilateral y transcurrió con ataques terroristas contra la fuerza pública en Tibú, que dejó cinco soldados muertos, y Convención, con un suboficial fallecido. Estos ataques recuerdan la doble faz de esa organización en este proceso o, peor aún, una fractura interna tan severa que no permite tener confianza en la palabra de negociadores que sistemáticamente son desmentidos con hechos de violencia.

Con las condiciones en que ha transcurrido la negociación con el Eln, y dada la pérdida de gobernabilidad y espacio político del gobierno, la respuesta al doctor Santos no es la de su deseo, y presión, sino la de la responsabilidad con la que la ciudadanía ha de exigirle que cese de hacer daños y se prepare para permitir que el Gobierno y el Congreso que serán elegidos, puedan corregir el rumbo del país, incluidos el acuerdo con las Farc y la negociación de Quito.

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