El ocaso, mejor, el anochecer, de Santos y su gobierno ilegítimo, ha sido suficientemente descrito por los analistas en los últimos días.

Está cada vez más aislado en la comunidad internacional por su política pro expansión de la coca y legalización de la cocaína, que va en contra de los intereses de todas las naciones civilizadas del mundo y que tiene al país al borde de una nueva descertificación por parte de los Estados Unidos, por el infinito crecimiento de la siembra y la producción de clorhidrato -que, de paso, está convirtiendo a nuestros jóvenes en adictos-.  Es tan grave la situación de los narcocultivos, que hasta el propio Santos reconoció esta semana que con las medidas de sustitución estimuló la extensión del área cultivada con esa planta. Y qué tal las advertencias de la CPI y HRW, que aseguran que habrá impunidad para delincuentes de lesa humanidad y de guerra.

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Está, además, siendo ácidamente criticado por sus aliados externos frente al manejo de los acuerdos con las Farc respecto a la desmovilización. Ha merecido, por ejemplo, el reproche de los propios funcionarios valedores de las Naciones Unidas (a pesar de la mermelada de más de US$300 millones que les dio) y el de Noruega, que denuncian el abandono de los exguerrilleros de las zonas de concentración, según aquellas, porque les están incumpliendo lo prometido, pero según habitantes de esos territorios, porque están ingresando a su versión paraorganizacional, las llamadas disidencias (punto al que volveremos). Y qué decir del oprobioso abogado colonialista Enrique Santiago -que cree que está en los años 1500 en nuestro país y actúa en consecuencia, dando órdenes imperiales de la izquierda española, tan proclive al imperialismo ideológico- quien piensa, a nombre de la organización que asesora (o milita, vaya uno a saber), que Santos no es garantía, ya, para el cumplimiento de lo pactado, porque el control político se le está escapando de las manos. En el escenario interno, nadie le cree; y si algunos dicen hacerlo, corren la suerte del Partido Liberal, que excluyó a  las mujeres críticas de su alianza perversa con Santos, soldada con mermelada, y obtuvo la más vergonzosa humillación y el más irreparable desastre electoral en una consulta para seleccionar el candidato presidencial de ese partido, en la que nadie menos que el negociador de paz, señor De la Calle, apenas llegó a los 365.658 votos, frente a los 324.777 del señor Cristo, el otro gran adalid santista de los acuerdos.

Repito, nadie le cree; es más, la mayoría de sus antiguos aliados le están dando la espalda en el Congreso y la Corte aprueba restricciones a  la Jep, que irritan a alias Timo y compinches porque comprenden que crímenes de lesa humanidad, como los abusos sexuales contra los niños reclutados, tendrán consecuencias penales; o porque no podrán seguir delinquiendo a placer impunemente, si cometen delitos luego de la firma del acuerdo del Teatro Colón, o porque no podrán usar la Jep como instrumento de venganza. (pues no es como ellos dicen, que no habrá castigo con los civiles que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto; al contrario, muchos han sido perseguidos y juzgados y otros están siendo investigados y/o juzgados por la justicia ordinaria y en caso de ser condenados tendrán penas severas de prisión. De lo único que se librarían es de ser condenados a priori por un tribunal de justicia política, que les aplicará la justicia del enemigo).

Es falso que el conflicto ha terminado: ya en el artículo pasado señalaba que la violencia en Tumaco, Cauca, Norte de Santander, Arauca, norte de Antioquia, aumenta. El número de disidentes crece desmesuradamente, hasta tal punto de que, si esa tendencia sigue, los que firmaron el acuerdo serán una minoría y el resultado final será que el país se comprometió con una gente que no es representativa de los alzados en armas y sin embargo se vería obligado a cumplir unos acuerdos para entregarles el máximo poder posible a ellos. Este es el peor de los escenarios posibles: gabelas a una minoría, entrega de territorios, impunidad, representación política a una guerrilla que no dejó las armas y que se nutrirá, además, con otros que también están “negociando”. Como quien dice, más violencia y víctimas.

Afortunadamente, el proceso para rescatar el país ya está en marcha: el referendo con el objetivo de echar para atrás los tres puntos más letales de los acuerdos: la jep, el blindaje de los acuerdos y la participación política de la Farc, está en marcha. Pero sobre todo, arranca el acuerdo alcanzado entre los expresidente Uribe y Pastrana, a nombre del Centro Democrático y las bases conservadoras, denominado Alianza para la Reconstrucción de Colombia, en el centro del espectro político, que contempla el respaldo a un candidato único a la presidencia, con base en un programa incluyente,  que baje los impuestos, suba lo salarios, luche contra la corrupción, el narcotráfico y el contrabando, reforme la justicia y que respete la parte de los acuerdos con las Farc que ayuden a su incorporación a la política, pero corrija los desequilibrios institucionales como la Jep o la expropiación de la tierra a los colombianos honorables.

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Y lo más importante, sostienen que “estamos dispuestos a escuchar e involucrar sectores que comulguen con estos ideales de país. Invitamos a las fuerzas políticas democráticas, amigas del progreso y enemigas de la corrupción, a que se unan a esta causa por Colombia”.

Es la puesta en marcha del consenso traslapado o entrecruzado, que se ha venido reclamando desde esta columna de opinión y otros escritores políticos. El camino a la salvación de Colombia está trazado. Hay un gran amanecer en el horizonte.

Vea sobre el acuerdo de Uribe y Pastrana