El 2016 deja también el recuerdo de sobreprecios  en compras públicas y comportamientos abusivos de privados. Evidencia del primero fue el sobrecosto que tuvo la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar), y del segundo, las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a empresas privadas por la violación de las normas de competencia.

Aunque ya habían salido a la luz en 2012 posibles sobrecostos en la modernización de la Refinería de Cartagena S.A. (Reficar), sería en este 2016 cuando quedaría más patente la evidencia de los mismos. 

El 26 de enero el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, en rueda de prensa señaló que la refinería tenía un sobreprecio del 100%. Posteriormente, en marzo, el Gobierno, a través de Reficar, solicitó el inicio de un proceso arbitral contra CB&I, empresa encargada de la ampliación de la refinería ubicada en la Heroica, ante la Cámara de Comercio Internacional. La demanda busca recuperar al menos US$2.000 millones, monto que el Ejecutivo considera se perdió por las ineficiencias de las constructoras del complejo refinador más moderno de Latinoamérica. Todo ello en medio de fuertes críticas al tren ejecutivo del presidente Santos. 

Finalmente, el 6 de diciembre la CGR determinó en el informe definitivo que hubo un presunto daño fiscal de US$2.879 millones, equivalentes a $8,5 billones de pesos. “Son 36 hallazgos fiscales que totalizan esta escandalosa suma de dinero”, señaló Maya Villazón, al revelar las conclusiones de este informe.

Carteles

Otros casos que moverían especialmente al mundo de la empresa privada fueron las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinando que hubo cartelización o unión de los productores o comercializadores de un producto para fijar un precio fijo a todos.

El 11 de abril se conoció el informe motivado del superintendente delegado para la Protección de la Competencia referido al caso de la, para aquel momento, presunta cartelización de los cuadernos, en el que las empresas involucradas se repartieron el mercado y anularon la verdadera competencia, haciendo que los usuarios no pudiesen comprar los cuadernos más baratos, sino al precio preestablecido por ellos.  

Pero ya el 18 de agosto la SIC emitió su dictamen sobre dicho cartel. En la violación de la ley participaron las empresas Carvajal Educación S.A.S., Scribe Colombia S.A.S. y Kimberly Colpapel S.A. Esta última estaría incursa en el delito de cartelización por segunda vez ya que también participó en el del papel higiénico. Sin embargo, en todos se acogió al Programa de Beneficios por Colaboración, lo que le ha permitido salir exonerada de sanciones económicas para ella y sus funcionarios involucrados. Al final la única sancionada será Carvajal por $14.823 millones de pesos, dado que Scribe también se sumó a la colaboración con las autoridades.

El 29 de junio se daría a conocer el informe sobre el otro cartel evidenciado en 2016, el de los pañales desechables, que tendría medida firme ya el 20 de diciembre. Ese día, Pablo Felipe Robledo, titular de la SIC, confirmaría la sanción para las compañías Tecnoquímicas y Familia por haber incidido por más de una década en la cartelización empresarial para fijar el precio del producto sanitario. Kimberly, también culpable, de nuevo se salvó por colaboración. La multa será mayor a los $200.000 millones y están implicados además 16 directivos de las empresas.  

Cuestionamiento sobre inversión de EPM

La gestión de EPM en el exterior también sufrió cuestionamientos este año. Lo que en principio fueron denuncias ventiladas en el Concejo de Medellín, vieron una evidencia concreta el 6 de diciembre, cuando la Contraloría General de la ciudad dictaminó que el valor pagado por la empresa municipal en la adquisición de la chilena Aguas de Antofagasta (Adasa) tuvo un sobreprecio de al menos 30%, lo que es igual a $562.000 millones o 136.717 millones de pesos chilenos. Decisión que la principal empresa de la ciudad considera injusta por lo cual ya prepara sus descargos.

Según el informe titulado Auditoría Especial Adquisición Aguas de Antofasgasta S.A. (Adasa) “EPM pagó por encima del promedio de negociación, poniendo en riesgo el retorno esperado del capital invertido, con lo cual se configura un hallazgo de tipo administrativo con presunta incidencia fiscal”.