En mi columna del 3 de enero (Lucha contra la corrupción: http://www.elmundo.com/noticia/Lucha-contra-la-corrupcion/44393) vaticinaba que las diferentes campañas electorales para la Presidencia de la República (2018-2022) se inspirarán en la lucha contra la corrupción. Mencionaba que como ciudadanos debemos estar atentos a valorar la autoridad moral de quienes las impulsan.

Era de esperar que en esta cruzada contra la corrupción muchos políticos, implicados en escándalos relacionados con el abuso del poder, o vinculados a campañas políticas con cuestionamientos serios por el uso de recursos económicos no declarados o de dudoso origen, se marginarían o por lo menos no asumirían como suyas las banderas de la transparencia o no se colocarían como ejemplos a seguir por los ciudadanos. Como se ha visto está esperanza se perdió y estas personas se pusieron de primero en la lista de la lucha contra la corrupción.

Me pregunto qué es lo que lleva a estos políticos a considerar que de la noche a la mañana pueden limpiar sus imágenes y aparecer como impolutos para dar cátedra sin ni siquiera evadir la mirada. Cómo comprender que acólitos, conociendo el pecado, no tengan el mínimo remordimiento de apoyar iniciativas como la que se propone para el próximo primero de abril.

Hasta ahora se relaciona la corrupción con delitos como la famosa mordida, que implica a los servidores públicos que reciben “un ingreso extra” para hacer o dejar de hacer algo que era de su responsabilidad. Pero la verdad es que la corrupción tiene otras caras, menos conocidas o menos aceptadas como tales, que llevan al mismo fin: menoscabar el erario, cambiar decisiones para favorecer a terceros, influir sobre los asuntos de Estado para beneficiar a particulares, entre otros. Además de la mordida, se tipifican dentro de la categoría de corrupción los siguientes delitos: el peculado, el desvío de recursos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones (es de recordar que los servidores públicos sólo pueden hacer lo que se les está permitido), el enriquecimiento oculto, la obstrucción a la justicia, la colusión (cuando particulares se ponen de acuerdo para engañar al Estado), el uso ilegal de información confidencial, el nepotismo, entre otros.

No obstante, debemos ampliar nuestro vocabulario sobre lo que se debe entender por actos de corrupción y que como los anteriores tienen como fin menoscabar el erario. Dentro de estos se pueden mencionar el aceptar un cargo público para el cuál no se tiene la preparación; el nombrar en cargos públicos a personas sin las calidades profesionales para desempeñarlo; la permisividad para permitir que servidores públicos tengan privilegios a costa del erario; el tomar decisiones cuyos beneficios el funcionario podrá disfrutar una vez deje el cargo.

El último bloque de actos de corrupción relacionados con el desgreño administrativo, como el no seguir o dar continuidad a programas o proyectos iniciados por anteriores administraciones, causan perdidas millonarias al Estado, lo que se traduce en perdida de la imagen corporativa, disminución de oportunidades para sectores poblacionales a los que iban dirigidas las iniciativas, reprocesos, y sobre todo perdida de inversiones causadas con recursos públicos.

Gran parte de la pérdida de recursos públicos están asociados con delitos como el soborno, la mordida, el peculado que impactan de manera importante al presupuesto nacional; sin embargo, el desgreño administrativo, la no continuidad en políticas, programas y proyectos, el no conformar equipos de trabajo idóneos, entre otros, le cuestan al Estado recursos aún no calculados de gran calado.

El trabajo de las oficinas de control de las instituciones públicas y el trabajo de las “ías” (contraloría y procuraduría) deberían poner más atención al estudio de hallazgos, más allá de temas contables, que evidencien el impacto de una no acertada dirección administrativa.

(*) Profesor Universidad de Antioquia