A la espera de que en el Congreso de la República se le dé vía libre al instrumento que se requiere para judicializar a los responsables y erradicar el flagelo de la extracción ilegal de minerales, se mostró el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, durante la clausura de la cuarta versión del Congreso Nacional de Minería, que terminó este viernes en Cartagena.

En su intervención, el titular de la cartera calificó como compleja la situación que afronta la industria debido al flagelo de la ilegalidad, lo que representa un enorme desafío para las empresas y para los territorios. Añadió que hay actores ilegales que montan negocios de extracción criminal y generan confusión en la sociedad al llamarse a sí mismos como mineros.

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A juicio del ministro, ahora más que nunca es perentorio involucrar en la discusión a todos los actores. “La discusión es abierta, el diálogo es de todos, es la única forma de generar soluciones y dar salidas”, dijo Arce Zapata, quien invitó a los industriales a mantener el entusiasmo en la actividad.

“Sigamos desafiándonos, como sector, a dar lo mejor. Que con orgullo podamos decir somos mineros, somos socios del desarrollo y queremos seguir haciéndolo en los próximos años”, expresó.

Sin embargo el ánimo de los participantes en el Congreso fue predominantemente de preocupación al final del encuentro, pues la gran conclusión, tal como se planteó desde la jornada de apertura, es que la inversión extranjera está rezagada por las decisiones de las altas cortes que, a su vez, han creado el ambiente de inseguridad jurídica.

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El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, dijo durante el foro “Las prácticas mineras y la competitividad asociada a la seguridad jurídica”, que el reciente fallo en contra de esa empresa abre las puertas para que se sigan ordenando pagos de indemnizaciones sólo porque existen “probabilidades” de afectaciones a las comunidades por la operación minera.

“Con estas determinaciones se pierde competitividad y es un llamado a todas las industrias del país. Estamos ante un ejemplo contundente de los efectos negativos de la inseguridad jurídica”, explicó el directivo.

Para Nicolás López, country exploration manager de I Am Gold, “el camino es complejo porque las discusiones del sector minero no se hacen desde lo técnico sino desde lo político. Aquí estamos luchando contra el mismo Gobierno”, algo en lo que estuvo de acuerdo Mark Moseley Williams, director de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Agnico Eagles Mines, al resaltar que “no se pueden atraer inversiones para el país si el Estado no asegura el cumplimiento de las normas a las empresas que cumplen todos los  requerimientos”.

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El ambiente de preocupación se fundamentó también en los resultados de la Brújula Minera 2018, presentados este viernes durante el Congreso Nacional de Minería, pues los mismos evidencian que habrá una baja de las operaciones del sector en los próximos cinco años, debido principalmente a factores como las dificultades en la tramitación de licencias ambientales y la falta de estabilidad jurídica.

La Brújula Minera es un estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría, Jaime Arteaga & Asociados y la revista Mundo Dinero. Jaime Arteaga, director del estudio, precisó que “hay muchos problemas legales, una licencia ambiental es como un blanco móvil, todo el tiempo está cambiando, pero es importante reconocer que existe una crisis de las relaciones con las comunidades”.

El estudio también concluyó que la comunicación entre las empresas mineras y el Gobierno se está debilitando: “es absolutamente crítica, es muy importante esa comunicación entre el gobierno y las empresas”, dijo Arteaga, quien planteó que el reto para el sector es “enamorar a la sociedad” y convencerla de que esta es una industria que genera desarrollo.