Se requiere una política amplia que permita unir a los del no, pero también a amplios sectores del sí y a tendencias y líderes políticos que, por cualquier razón, la que sea, estén en contra de la coalición
Otra vez se debate en círculos de la oposición colombiana, qué hacer frente a los acontecimientos, que, como una avalancha, avanzan incontenibles en Colombia. Esta es mi contribución a esa discusión.
Primero, hay que hacer un diagnóstico lo más objetivo posible y sacar las consecuencias que se sigan de este, de manera racional, tratando en ese proceso de no pensar con el deseo y sin poner al mando los prejuicios, los idola, como los llamó Francis Bacon, a quien no resisto citar para ilustra este punto: “el intelecto humano, cuando se complace en una cosa (ya porque sea generalmente admitida y creída, o porque cause deleite), obliga a todas las otras cosas a ser confirmadas y estar de acuerdo con ella; y por más grande que sea la fuerza y el número de las pruebas en contrario, o bien no las observa, o las desprecia, o las quita de en medio y rechaza valiéndose de un distingo cualquiera y ello no sin grande y pernicioso perjuicio, con tal de que sus primeras conclusiones permanezcan invioladas" (Novum Organum, I,49). Finalmente, hay que establecer claramente los objetivos y, más importante aún, priorizarlos, para tener una carta de navegación estable, que impida la improvisación.
El diagnóstico.
La situación política del país no está para cucharas. La arremetida de la alianza Santos – Farc está llegando a su pico más alto con la aprobación de la Jep y el blindaje de los acuerdos por parte de la Corte Constitucional. Todo, en medio de la mayor crisis de ilegitimidad del estado, en cada una de las ramas del poder y de una corrupción generalizada.
En efecto, tenemos un gobierno que fue fraudulentamente elegido con dineros sucios y mermelada, y puso el poder ejecutivo al servicio de los mayores enemigos de la democracia colombiana, las mafias narcoguerrilleras y las bacrim, quienes gozarán de impunidad total, participación política y lavado de activos, mientras se persigue a la oposición democrática. Esto, a pesar de que esas mafias han narcotizado al país hasta convertirlo, otra vez, en un Estado fallido, como se deja ver ya en los hechos de Tumaco, en el ámbito interno; y en el externo, en las advertencias y primeras acciones de Estados Unidos contra este fenómeno. Pero también, en un estado subordinado a la dictadura de Maduro, a la que puso de árbitro del acuerdo de paz con las Farc, su principal aliado y cómplice en el narcotráfico; peo, además, en la entrega, sin apenas hacer nada, de una inmensa porción del mar colombiano a Nicaragua, el otro socio de esas guerrillas.
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Con unos congresistas, que renunciaron, salvo excepciones, a cumplir con su deber de legislar independientemente a cambio de suculentos platos de lentejas hechos de corrupción a través de mermelada y cuotas burocráticas.
Con unas cortes que se corrompieron y pusieron la justicia, el bien más preciado de una democracia, al servicio de sus propios bolsillos y de Santos, que también penetró la anterior fiscalía, de cuyas acciones no se recobra todavía el país.
La conclusión
En este marco, queda claro que la democracia colombiana se está perdiendo, que el hocico de la dictadura asoma, y detrás de él, el cuerpo de la bestia, y de que lo que se trata es de salvar el estado de derecho colombiano y la integridad de su territorio.
La amenaza central es, entonces, el conjunto de políticas y sus desarrollos jurídicos en el Acuerdo con las farc -la Jep, la participación política de criminales de guerra y de lesa humanidad, el blindaje de los acuerdos, etc- y el que se negocie con el Eln y las bacrim- la injerencia de Venezuela en el control del acuerdo y la pérdida de nuestro mar y la relación con USA.
La corrupción actual es consecuencia de los manejos de Santos para llevar a cabo sus políticas. No puede combatirse de fondo, si, como hacen los Verdes, Robledo y Fajardo, la atacan, pero apoyan la negociación de Santos; si no se acaba con el narcotráfico y el accionar de las narcoguerrillas y las bacrim y su influencia corrupta en las zonas que dominan; si el ejecutivo no deja de comprar al congreso, las cortes y las lealtades de centenares a punta de contratos, para que trabajen a favor del “proceso”, si los dineros de las empresas corruptas siguen fluyendo para elegir a los corruptos que lo apoyan, si se utiliza la jep para “limpiar” y lavar los activos de estos delincuentes y perseguir y encarcelar a los opositores.
Los objetivos y las prioridades
Para enfrentar esto, se necesita un gran acuerdo nacional que impulse la movilización desde ahora, para movilizarse estos meses y resistir, con el objetivo de ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta -si hay segunda vuelta, el fraude y la violencia estarán a la orden de día- y tener mayoría en el congreso para impulsar reformas de fondo, que incluyen leyes, actos legislativos, pero también, posibles referendos y hasta una constituyente.
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Eso requiere una política amplia que permita unir a los del no, pero también a amplios sectores del sí y a tendencias y líderes políticos que, por cualquier razón, la que sea, estén en contra de la coalición que se está armando para defender los acuerdos firmados y los que vienen. Claro, siempre y cuando aporten electoralmente y se comprometan a firmar y respetar el gran acuerdo por la recuperación del país, que esté en marcha. Se trataría de una coalición de largo alcance, al menos dos períodos, en la que todos tengan oportunidad de figurar. No se puede vetar a nadie porque no es de nuestro gusto. Uno no se alía sólo con los amigos; es más, muchas veces una coalición se hace con enemigos para vencer un enemigo mayor. La coalición de Churchil, Satlin y Roosvelt, en la Segunda Guerra Mundial, así lo atestigua. Eso es lo que significa aliarse hasta con el diablo. Si esta estrategia se desecha, arriesgamos a perder el país.