Alerta por la libertad

Autor: Editor
8 enero de 2017 - 07:00 AM

Cuando el análisis pasa de las garantías legales a sus realidades, aparecen déficits desconsoladores causados por la incapacidad de la justicia para garantizar el imperio de la ley.

Preocupados por el progresivo deterioro de la libertad en el mundo, la coalición de centros de pensamiento que construye el importante Índice de libertad humana -ILH-, intensifica sus llamados al análisis de su más reciente informe, realizado sobre 159 países. El análisis demuestra retrocesos en el índice de Libertad personal, que en el conjunto de países pasó de valer 7,23 en 2008 a 7,17 según los datos de 2014, base del informe. Pero como el índice de Libertad económica sí pasó de 6,78 a 6,85 en 2014, el resultado compuesto que determina el Índice de Libertad Humana -ILH- quedó en 7,01. A pesar de ello, los responsables del informe, investigadores Ian Vásquez y Tanja Porcnik, lamentaron un retroceso de los países, dado que “en 2008, 69 países tenían calificaciones del ILH por encima de 7, pero en 2014 este cayó para 64 países”.

La alianza conformada en 2008 por los centros estadounidense Cato y Fraser, la alemana Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, y el suizo Liberales Institut, suma las capacidades de organizaciones que habían construido, en forma independiente, índices para medir distintos aspectos que confluyen en la configuración de sociedades verdaderamente liberales. Es así, pues, como el ILH (se puede leer en https://goo.gl/Ou03XC) resulta del estudio de indicadores que consideran el imperio de la ley y las garantías de seguridad, derechos humanos, libertades ciudadanas y derechos económicos, configurando así un completo análisis sobre las garantías de que los individuos no podrán ser avasallados por poderes autoritarios o por individuos fuera de la ley.

Como se podía prever, el ILH es encabezado por Hong Kong, con calificación de 9,06 sobre 10, y Suiza, que recibe una calificación de 8,83. En la cola se encuentran Yemen, con 4,56, y Libia, con 4,42. El primer país latinoamericano es Chile, calificado con 8,08 sobre 10 y ubicado en el puesto 29, después de Italia y antes de Francia. Su estable permanencia en el primer quintil tiene raíces en sus buenas calificaciones en seguridad, seguridad para los negocios, libre intercambio comercial y vigencia de las libertades de asociación y expresión. A pesar de mayor riqueza económica, población y territorio, Venezuela cayó al otro extremo de su colega sudamericano, ubicándose en el puesto 154, con una calificación de apenas 4,91, lograda gracias a amplias garantías a las libertades religiosa y de asociación, así como el respeto a las libertades sexual, de género y de constitución de familias. El análisis demuestra que las largas ofrecidas por la familia Ortega-Murillo para realizar negocios en Nicaragua crea aparentes condiciones de libertad, que dejan al país en el puesto 74 y le permiten una calificación media de 6,88. Con este lugar, la nación centroamericana se pone casi 40 puestos por encima de Colombia, que, con una calificación de 6,41, cayó al puesto 111, después de haber estado en el lugar 91 en la medición de 2008. 
Sin el dramatismo de las cifras, pero sí con el del comportamiento entre expectativas convertidas en norma y realidades tangibles, Colombia sufre paradojas comparables con las que padece Venezuela. Como sucede allá, nuestro país recibe buenas calificaciones a la protección de las libertades religiosas, de movilización individual, a la mayor parte de los derechos de asociación y buena parte de las condiciones de libertad de expresión. A diferencia del país chavista, Colombia tiene calificaciones destacadas en su política monetaria y en la económica no tributaria. Sin embargo, cuando el análisis pasa de las garantías legales a sus realidades, aparecen déficits desconsoladores causados por la incapacidad de la justicia para garantizar el imperio de la ley o la seguridad de las personas y los inversionistas; así como descalificaciones casi absolutas en seguridad. También dejan alertas quiebres significativos entre las promesas a la libre asociación, y la constatación de obstáculos para formar organizaciones de la sociedad civil, así como las que se hacen sobre libertad de expresión y prensa, y la realidad de presiones y controles políticos a los medios de comunicación. Dadas la Reforma Tributaria, el escandaloso retroceso en el sistema de pesos y contrapesos en el Estado y la imposición de las leyes de amnistía y Justicia especial para la paz que han preocupado a los expertos, abundan razones para reiterar el clamor por la defensa de las libertades públicas, esencia de los derechos y la vida pública. 

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