En una carta, firmada por los alcaldes, personeros y concejales de Segovia y Remedios del Nordeste antioqueño, se solicitó al ministro de Minas, Germán Arce, hacer parte de la mesa de diálogo que busca dar fin al paro minero de ambos municipios.
A través de una carta, que fue dirigida al ministro de minas, Germán Arce, y al gerente de la empresa GranColombia Gold, Lombardo Paredes, los alcaldes y las principales autoridades de los municipios de Remedios y Segovia solicitaron activar, de carácter urgente, una mesa de diálogo, debido al paro minero que se presenta en ambos municipios desde hace más de un mes.
En la misiva se explica que en una reunión sostenida este miércoles entre las autoridades y concejales de ambos municipios y representantes del gremio minero, se llegó a la conclusión que es necesario activar la mesa de diálogo de carácter urgente, en tanto la problemática estructural que ha ocasionado el paro minero no ha vislumbrado ninguna solución.
“Se solicita de carácter prioritario atiendan el llamado de asistencia permanente a la mesa de diálogo, en la cual se contará con la presencia de todos los representantes de la cadena productiva de la minería, las autoridades, organismos garantes de las negociaciones y de los pactos que se puedan establecer, se harán respetar por todos los actores que participen en la construcción de los mismos. Esperamos que a este llamado asistan representantes con poder decisorio”, se logró leer en una parte de la carta.
Las autoridades de ambos municipios señalaron que la primera reunión se convocó para este viernes a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Batallón Baeev No. 8.
El pasado martes, GranColombia Gold anunció que gracias a un acuerdo, concertado con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ambos municipios del Nordeste podrán realizar sus actividades de minería tradicional, que durante muchos años ha sido el sustento y base de la economía de esta región.
En ese contexto, la compañía dejó en claro su política de mantener bases de diálogo y concertación con las unidades mineras que se encuentren bajo los títulos de la multinacional y que dichos procesos se realicen en el marco de la ley.
El lunes anterior, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) reveló que el paro minero ha limitado el acceso a alimentos y la movilidad de unas 5.500 (22.000 personas) familias, 200 de ellas indígenas. Estas personas presentan restricciones al acceso de alimentos, bienes, servicios, y movilidad como resultado de las confrontaciones entre mineros artesanales (manifestantes) y la fuerza pública, según indicó el organismo internacional.
La ONU alertó además que “hay información sobre desplazamientos de familias debido a la presión para participar en dichas protestas y también por violaciones a los derechos humanos”.
De igual forma, se advirtió sobre el cierre de planteles educativos y cese total del servicio de transporte público. La Ocha aseveró que las familias “no cuentan con recursos para suplir sus necesidades, ya que sus ingresos son generados por trabajos informales” a los que se dedican muchos de sus habitantes, que son mototaxistas, boleteros, entre otros.