Según organismos de derechos humanos de Nicaragua, van 27 muertos en las protestas contra la reforma a la seguridad social, que comenzaron el miércoles pasado en el país centroamericano. Entre los muertos, se cuenta al periodista Ángel Gaona, quien falleció la noche del sábado de un disparo en la ciudad de Bluefields mientras realizaba un informe. 

Por su parte, la Policía Nacional informó que uno de sus uniformados está en estado crítico luego de haber recibido un disparo en la cabeza, cerca de la rotonda Cristo Rey, en Manuagua. 

Durante estos cinco días, la violencia en Managua se ha disparado: enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, episodios de saqueo en supermecados de la ciudad y actos vandálicos han llamado la atención de la Unión Europea y el Vaticano. 

La Unión Europea (UE), este domingo, tildó de “inaceptable” la violencia desatada en las protestas, e instó al Gobierno nicaragüense a “resolver las diferencias a través del diálogo inclusivo”, según indicó un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (Seae). 

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Igualmente, la UE manifestó su interés en apoyar “un diálogo amplio e inclusivo entre todos los actores sociales y el Gobierno, y a fortalecer el Estado de derecho en Nicaragua”, indicó el portavoz. 

Por su parte, el papa Francisco expresó este domingo, tras el rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro, su preocupación por la situación en el país centroamericano.

El pontífice, además, manifestó su “cercanía en la oración a ese amado país”, y pidió que se inicien los diálogos para que “se evite el inútil derramamiento de sangre”. 

El clero en Nicaragua se ha pronunciado al respecto, uniéndose a las palabras del pontífice y reiterando su apoyo a los manifestantes. Un ejemplo de esto son las declaraciones del obispo Sócrates René Sándigo, quien pidió a las autoridades “abrirse a la sabiduría y la sensatez”.  

Durante los cinco días de protestas, las iglesias han servido como refugio para los manifestantes, sobre todo pata los estudiantes universitarios que han sido víctimas de los ataques por parte de la Policía. 

Entre tanto, el presidente Daniel Ortega aceptó este sábado revisar el conjunto de reformas al sistema de seguridad social, en una mesa de diálogo con los empresarios. Hasta el momento, el presidente Ortega no se ha referido al número de víctimas mortales, que según cifras del Gobierno serían diez personas. 

Sin embargo, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) condicionó el diálogo con el Gobierno a que cese la "represión" contra los manifestantes, posición que apoyó la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).

La reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Inss), incluye el aumento al 7% de las deducciones jubilatorias de los salarios de los empleados, el pago por parte de los empleadores del 19% al 22,5%  de los salarios de sus trabajadores al seguro social, y una reducción del 5% de las pensiones. Todas estas reformas, según el Gobierno de Nicaragua, buscan garantizar el derecho a la seguridad social de la población menos favorecida.