Empiezo disculpándome con los lectores por traer nuevamente este tema a la columna. En agosto pasado creí que por fin habíamos tenido claridad sobre la inversión que EPM hizo en Aguas de Antofagasta, Adasa, pero no es así. 
La información que ha venido conociéndose ha mostrado que existían vacíos e inconsistencias en los datos suministrados, lo cual hace que los ciudadanos revivamos las preocupaciones.
La semana pasada se informó que la doctora Patricia Bonilla Sandoval, contralora de Medellín, entregará el informe del análisis que su dependencia ha hecho sobre Aguas de Antofagasta. La Contraloría General de Medellín ha guardado un silencio desconcertante en la discusión que se ha sostenido públicamente sobre este asunto, y por tanto la ciudadanía espera ansiosa que la funcionaria cumpla con su deber y que su informe sea claro y contundente. 
El Concejo de Medellín mantiene vivo el control político. En días pasados realizó un nuevo debate sobre las inversiones de EPM, en el que se destacaron exposiciones críticas muy bien documentadas. Pero nada pasa: EPM no escucha ni reacciona.
Destaco los puntos en los cuales se han revivido las dudas y los temores sobre Adasa.
1. EPM pagó un precio excesivo por la concesión. La información disponible lleva a la conclusión de que el precio justo podría ser más de USD 200 millones por debajo de los USD 965 millones que se pagaron. Un alto funcionario de EPM respondió al respecto: “En ese negocio no podíamos darnos el lujo de perder, por eso ofrecimos alto”. Lo que no se ha explicado suficientemente es para quién era tan importante y por qué.
2. Adasa tomó un préstamo de USD 400 millones, y trasladó ese dinero a EPM, como retorno anticipado de la inversión. Ahora se sabe que el plazo para pagar esa deuda son dos años y que será sustituida por una emisión de bonos. Surgen varias dudas: ¿El flujo de caja de Adasa le permitirá desembolsar esa enorme suma en sólo dos años? ¿Cuáles serían las condiciones de los bonos a emitir, en costo y en plazo? ¿Cuál será el impacto de esa carga financiera en la operación de la empresa?
3. EPM recibirá un valor de salvamento por los activos no amortizados, excluyendo de ellos los que corresponden a la atención del mercado no regulado —clientes mineros—. EPM no ha querido explicar la composición de esos activos no depreciados, pero ha dicho que su valor, descontado al año 2015, equivaldría a USD 280 millones. Con la información disponible se puede afirmar que esta suma no es cierta y que el valor de salvamento descontado apenas llegaría, como mucho, a una tercera parte de esa cantidad.
4. Las utilidades de la empresa no responden en la forma requerida. Durante el período 2011 – 2014, Adasa generó utilidades sostenidas por USD 37 millones anuales. Desde que EPM tiene el control, las utilidades han bajado, así: En 2015 fueron de USD 8 millones, para 2016 se estiman en USD 25 millones y para los tres años siguientes se esperan USD 32 millones de dólares en cada uno. Pues bien, para recuperar la inversión, después de descontar el préstamo transferido y el valor de salvamento, se requerirán utilidades sostenidas por valor de USD 53 millones en cada uno de los dieciocho años de la concesión. Los cinco primeros años, los que tienen más peso, serán perdidos, ¡y por mucho!
Sigo viendo Aguas de Antofagasta como una inversión que tiene alto riesgo de no recuperarse.
EPM continúa sin comunicarse de una manera sincera y transparente con la ciudadanía acerca del tema.
Juan Esteban Calle Restrepo, el principal responsable de este negocio, debería tener el valor civil de responder públicamente estas inquietudes. ¡Ah, y explicar también el descalabro de UNE EPM Telecomunicaciones!
Por hoy, tiene la palabra la contralora de Medellín.