Organizaciones ciudadanas, acciones comunales, agremaciones de comerciantes, grupos de productores de banano y miembros de concejos municipales definirán este lunes si a partir del martes 15 de agosto, fecha en la que comenzaría el cobro de los peajes para las vías de la subregión de Urabá (correspondiente al proyecto Mar 2) entrarían en un cese de actividades laborales o usarían otro tipo de protesta para mostrar su descontento con la ubicación de los cobros de las concesiones.

Según Iván Acevedo, vocero de la Asamblea de Iniciativas Ciudadanas, “como el Estado, el gobernador, los alcaldes se negaron a escucharnos, no nos queda otra opción a los sindicatos, comerciantes, a los jóvenes, a los estudiantes, a las madres de familias que recurrir a unas actividades de hecho. El próximo lunes a las 4:00 p.m. determinaríamos la medida necesaria, la cual posiblemente será una parálisis laboral en todo Urabá”.

Acevedo aclaró que “no nos oponemos a los peajes, sino a la ubicación que les dieron. Incluso no nos parece mal que en caso de ubicarlos en otro lugar no apliquen tarifas especiales. Pero en las zonas que están también viven personas de estrato uno y dos” criticó.

La Gobernación manifestó que estas obras corresponden a un proyecto de infraestructura del Tigre y Turbo, muy importante en Urabá llamado Transversal de las Américas, estos centros de cobro y las obras subsiguientes están siendo ejecutadas por la ANI.

“Este proyecto cuenta con una inversión para esta zona del país por valor de 467.000 millones de pesos con el objetivo principal de desarrollar la doble calzada entre los municipios de Chigorodó y Turbo e intervenciones de rehabilitación, mejoramiento de las vías existentes, en sectores específicos del corredor vial”, explicó la administración regional en un comunicado.

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Sin embargo, desde Asamblea de Iniciativas Ciudadanas creen que esto es un abuso, ya que “desde que comenzó la obra, el Estado no fue claro de que iban a hacer los peajes. Esta obra de Urabá no correspondía a concesión sino a un documento compes para que el Estado aportara a la ejecución de esta infraestructura.

Acevedo sostuvo que “esta fue concebida como una entrega que el Estado brindaría a una región abandonada, que ha sufrido los avatares de la falta de Gobierno en este país. Aunque la obra apenas va actualmente en un 65% o 70%, desde febrero, cuando no iba ni en 45%, ya pretendían comenzar a cobrar peajes y la ciudadanía comenzó a manifestarse en contra”.

“Cuando empezamos las mesas de diálogos del tema, los funcionarios de las alcaldías vieron que era un tema sin política, sin intereses financieros; sino con un fin social. Con la ANI estábamos construyendo cosas buenas. Pero la presión política es más fuerte que la ciudadanía”, concluyó.

Por qué genera tanta molestia la ubicación de los peajes?

Para el vocero de todos los sectores que se oponen a este cobro, desde que comenzó la obra se generaron tres grandes detrimentos financieros: uno de ellos fue que sacaron un material de cantera poco utilizable en la región, “el cual generó un levantamiento” de zonas de la construcción, “por lo cual debieron volverla a comenzar con insumos de otra parte”.

“El segundo fue que desde vicepresidencia se invirtieron casi 84 mil millones de pesos, por lo cual un contralor especializado adelantó una investigación con una veeduría externa; pero mientras avanzó la obra nombraron a otro funcionario con el que escondieron todo lo que se había avanzado”, manifestó.

El tercero, según Acevedo, fue que “la ANI hizo un préstamo a un costo muy elevado para realizar las variantes con la que los vehículos entrarían a los centros poblados, casi de tres veces el valor real, justificándolos como si fueran urbanos. Por lo tanto, el presupuesto real de ejecución no corresponde al fijado inicialmente”, señaló.

Este vocero denunció que la inconformidad frente a la ubicación de estos lugares es que fueron definidos para Río Grande y Chaparral, zonas en las que viven los ciudadanos, incluso muchos de ellos en situación de pobreza y a ellos los harían pagar estos recursos cada que salgan del territorio por motivos de trabajo o necesidad.

“Ya empezaron a hacer los cobros pedagógicos la ANI, pero a partir del próximo martes se empezaría a pagar el costo de estos impuestos para carreteras. En pocos años, cuando se hace el primer mantenimiento, los ciudadanos habríamos pagado la deuda de la obra”, complementó.

“Nosotros pedimos que los peajes sean en la zona de las fronteras y no en la zonas urbanas. Si los puertos de Pisisi, Puerto Antioquia y Darién Internacional van a manejar del 10% al 15% de la carga que se exporte e importe en el país ¿por qué las carreteras y proyectos deben ser pagados por la movilidad urbana?, lo puede hacer la de la carga, que tiene los grandes recursos. Son personas que no tienen muchos recursos, en ciertas zonas no hay alcantarillados, deben moverse entre territorios para trabajar y van a cobrarles esto”, argumentó.

Acevedo aseguró que un industrial del centro del país tiene las posibilidades de irse por Cartagena que queda a 600 kilómetros y Urabá 300 kilómetros, claramente elegirá la segunda opción porque va a ahorrar recursos. “No veo entonces por qué no puedan pagar un peaje para una carretera que va a ser más usada por ellos”, criticó.

El gobernador Luis Pérez facilitó, el pasado 29 de junio, una reunión entre los alcaldes del Urabá antioqueño y la ANI, con la cual los mandatarios aceptaron, con unos cambios, la realización de estos centros de cobro.

“En esta reunión logramos una muy buena conclusión, gracias a la colaboración del gobernador de Antioquia y de los alcaldes de Urabá. Básicamente, vamos a hacer un ajuste en la ubicación de los peajes, no muy grande, y para disminuir el impacto entre los habitantes de la zona vamos a tener una tarifa diferencial en pesos para los usuarios recurrentes de la vía”, afirmó Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI.

Sin embargo, Acevedo aseguró que “la ciudadanía está muy descontenta con los alcaldes por haber permitido esto por unas pequeñas dádivas de obras que necesitaban en sus municipios, cuando ellos no son los que tienen este tipo de competencia sino que es algo a nivel estatal”.

Las decisiones sobre el cese de actividades que comenzaría el próximo martes serán realizadas con el fin de que el Gobierno Nacional y departamental escuchen las solicitudes de los grupos ciudadanos. “Esperamos que el nuevo ministro venga con ánimos de dialogar y llegar a acuerdos”, concluyó.