Los recientes asesinatos de líderes sociales o políticos en zonas de conflictividad han prendido las alarmas por la inseguridad que desde noviembre de 2016 y hasta el mediodía del jueves 5 de julio había costado la vida de 178 de ellos, según cifras de la Policía Nacional. También genera alertas por la impunidad que permite que esos crímenes se sigan cometiendo y favorece confusiones sobre causas, víctimas y culpables.

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La muerte, en razón de su ideología o trabajo comunitario, de quienes tienen legitimidad como líderes sociales y políticos de comunidades abandonadas y, la más de las veces, victimizadas, reclama la condena y la solidaridad unánime de la sociedad y es una desgracia colectiva que hace máximas exigencias al Estado. Mucho más cuando es una tragedia que muchos previmos podía ocurrir en el marco de la firma de un acuerdo de paz que ha garantizado impunidad, aumento del narcotráfico y crecimiento de viejas y nuevas organizaciones criminales en territorios donde hoy están ocurriendo gran parte de las victimizaciones. 

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Para los crímenes de líderes sociales y políticos no caben anuncios grandilocuentes; su combate se hace con acción eficaz de la fuerza pública para contener a los responsables de estos crímenes y controlar los factores que provocan el aumento de la violencia, como son las crecientes actividades de la economía criminal, en especial minería ilegal, narcotráfico y tráfico de personas. Esta presencia y acción son deudas que el gobierno que está terminando tiene con las víctimas y el país, y por las que no le sale proponer estrategias y planes tardíos que pretende heredar a quien en un mes asumirá la responsabilidad de avanzar en la seguridad de los colombianos.

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La justicia tiene enorme responsabilidad con el esclarecimiento y castigo de esos crímenes. Es deber imperativo de la Fiscalía investigar con prontitud y rigor cada uno de los casos, a fin de explicar cuáles asesinatos fueron perpetrados en razón de la actividad ideológica, política o social de las víctimas; cuáles de ellos son producto de disputas asociadas a la economía criminal, y, finalmente, cuáles se asocian a razones personales o, incluso, a la vinculación de los líderes sociales asesinados a las organizaciones criminales en confrontación. El esclarecimiento debe llegar acompañado de sanciones eficaces a los culpables, pues la debilitada justicia colombiana no puede darse el lujo de permitir la impunidad que protegería a los criminales y propiciaría nuevos fantasmas, como el siempre presente, acrecentado por razones ideológicas y políticas, del genocidio de militantes de la UP.

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La condena por estos gravísimos crímenes no puede ser, como ya la están convirtiendo, una causa política de sectores extremistas que pretenden apoderarse de todos los muertos, así no les sean afines, para empeños propagandísticos en los que la humanidad de los muertos y el sufrimiento de los deudos -familias y comunidades- desaparecen por el interés político de los manipuladores de turno.

Comentarios:

Alberto
2018-07-06 10:03:45

También hay personas que se oponen a megaobras no socializadas, que llegan a adquirir tierras a la brava. Por criticar esas conductas también las matan

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