Hasta el pasado diciembre, todo servidor público que llegara a 65 años sentía el peso de la senectud. Esta le llegaba por la vigencia de una norma cincuentenaria que el país lamentaba, sin corregirla. Magistrados, profesores, ministros, secretarios de despacho, jefes de los órganos de control, fueron obligados por años consecutivos a presentar renuncia para evitarles que incumplieran el mandato legal. También hasta el pasado mes de diciembre, el país conoció las historias de diligentes servidores que intentaron distintos medios, hasta el judicial, buscando correctivos a la inequidad que sufrían cuando llegaban a la edad de retiro forzoso sin haber acumulado tantas semanas de ahorro como las requeridas para acceder a una pensión. Esas injusticias acaban de recibir correctivo, tardío y parcial, mediante la Ley 1821 de 2016 (leer en https://goo.gl/NfaIKy) que amplía de 65 años a 70 años la edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos por nombramiento, pues los de elección popular han estado libres de tal peso.

La modificación rige para el Artículo 31 del Decreto 2400 de 1986, reglamentario del servicio público. En el momento de su expedición por el presidente Carlos Lleras, la esperanza de vida de los colombianos apenas llegaba a los 60,2 años. Eso significa que, en el momento de expedida la norma, el permiso para trabajar en el Estado hasta los 65 años era una oportunidad para las instituciones públicas, así como para las personas que, cercanas a la senectud, aspiraban o necesitaban seguir trabajando. En los 48 años corridos desde entonces, las mejores condiciones sanitarias y del sistema de salud han favorecido que la esperanza de vida al nacer de los colombianos llegue a los 73,9 años registrados por el Banco Mundial en 2014. Si se usara la lógica que rigió a fines de los años sesenta, la edad para declarar la vejez no podrían ser los 70 años de la nueva ley sino una más cercana a los 80 años, lo que significaría que la norma llegó en forma tardía y ofreciendo una solución limitada y parcial para una realidad que, por fortuna, cambia en forma acelerada.

La decisión, que los maledicentes atribuyen a un servicio del Congreso y el Gobierno al contralor Edgardo Maya Villazón, que el pasado 24 de julio de 2016 cumplió 65 años, debería incentivar el análisis y la definición de correctivos para la gran inequidad del sistema pensional. Algunas injusticias, como las de las pensiones millonarias que la justicia ha tratado de corregir, han sido cacareadas ampliamente en los medios de comunicación. Otras, se han hecho invisibles porque resultan incómodas a los sindicatos, los gobiernos y los sectores que solapadamente se benefician de la incontrolada informalidad laboral que campea en el país. Señala Asofondos que de 5,5 millones de colombianos que tienen edad para recibir jubilación, sólo 2,1 millones de personas disfrutan de la pensión que garantiza una vejez tranquila. Esa institución, que representa a los fondos privados de pensiones, ha denunciado que apenas el 36% de los trabajadores colombianos ahorra para su retiro laboral. Los registros indican que la mitad de las mujeres inscritas en sistemas de pensión han dejado de ahorrar, limitando su derecho a pensionarse. Y, más grave aún, sus proyecciones indican que hasta el año 2055 sólo el 20% de los colombianos mayores recibirán jubilación. Las soluciones de subsidios por vejez o de complemento a las pensiones pagadas son parciales, riesgosas para quienes las reciben y onerosas para una economía con las debilidades que ha demostrado la nacional. 

El análisis que los fondos de pensiones insisten en publicar, como buscando realizar el refrán de que “tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe” exige también reconocer la perspectiva del cambio de la pirámide poblacional. A diferencia de los años 60, cuando la tasa de crecimiento demográfico era de 3%, en los últimos años el crecimiento de la población ha sido de 1,3%, lo que significa que se está produciendo un envejecimiento progresivo del país, y que se reducen las expectativas de tener suficientes jóvenes aportando para atender las pensiones de los ancianos. Dado que más del 30% de los jóvenes no tiene empleo formal, o sea que no ahorra en el sistema pensional, se evidencian graves vacíos en el sistema pensional futuro. Las estrategias de formalización e inclusión laboral aunadas a transformaciones en las edades de pensión y las variables del ahorro no son actos generosos con los jóvenes, son imperativos para una sociedad que aspire a ser reconocida como responsable.