El proceso de reinserción de la guerrilla de las Farc marcha tan mal como se preveía, tanto por la improvisación del mediocre gobierno de Santos como por las exageradas concesiones que se otorgaron en la mesa y las que se siguen haciendo sobre la marcha, como si las negociaciones no hubieran terminado ya.

Sobre lo primero no hay mucho qué decir. Este gobierno se tardó seis años para reconstruir un pequeño pueblo como Gramalote, aunque solo ha construido 300 de las 1.000 casas proyectadas, y todavía no hay iglesia, escuela, estación de policía, centro de salud ni alumbrado público. Por tanto, nadie podía esperar que las 26 zonas veredales se convirtieran, de la noche a la mañana, en clubes sociales dotados de toda clase de comodidades. No se le pueden pedir peras al olmo.

Sin embargo, una administración tan proclive al derroche, como la de Santos, debería haber garantizado una mejor logística, una más sofisticada organización y, principalmente, unos protocolos precisos que dispusieran en detalle lo que debía hacerse en cada eventualidad. Es cierto también que las Farc están imponiendo condiciones imprevistas y que ahora pretenden que estas zonas se vuelvan permanentes, por lo que exigen vías de penetración, casas de material, servicios públicos, oficinas y hasta gimnasios, pero lo que queda en evidencia es que el gobierno no tiene el control en sus manos.

Obviamente, en el fondo hay cosas mucho peores, y todo lo que ocurre en los campamentos está envuelto en un halo de misterio. En cuanto a los guerrilleros a desmovilizarse, todo indica que no son todos los que están ni están todos los que son. No se sabe la cantidad exacta de los concentrados, ni sus nombres, ni sus armas. Hay indicios de que han infiltrado personas para obtener los subsidios del Estado, pero lo más grave es que no se están desmovilizando las milicias farianas, cuyo número no es inferior a 7.000 combatientes. Tampoco están incluidos los integrantes del Partido Comunista Clandestino, por lo que es una desmovilización a medias, y eso sin hablar de las disidencias.

De otra parte, no hay certeza de que las Farc entreguen en realidad todo su armamento y no unas ‘caucheritas’ viejas de la época de Marquetalia que podrían estar en un museo del horror. No habrá experticio alguno que intente establecer el origen de las armas, cuyos seriales han sido borrados, y tampoco se harán pruebas de balística para registrar la huella única e irrepetible de los cañones, con lo que se podrían dilucidar muchos crímenes. Se quiere enterrar la verdad. Hasta se prohíbe tomar fotos de las armas entregadas, por lo que habrá que creer en la palabra de los sesgados verificadores de la ONU.

Lo que es cierto es que las Farc van a continuar armadas de manera oficial. Al menos 1.200 de sus combatientes harán parte de la Unidad Nacional de Protección en calidad de escoltas de sus cabecillas, permitiendo que el partido político en que quiere convertirse esta guerrilla tenga un brazo armado para intimidar a la ciudadanía, un grupo sicarial que ande por ahí eliminando gente incómoda. Incluso, otros cientos de guerrilleros tendrán trabajo de oficina en la misma entidad, con lo que tendrán un insólito acceso a los esquemas de protección de las figuras de la oposición.

Y como si todo lo anterior no fuera lo suficientemente aberrante, tenemos que las Farc se han estado reuniendo con los mamertos que integran la comisión que escogerá los jueces de la Justicia Especial para la Paz, el tribunal que supuestamente los va a juzgar. Eso ratifica que la JEP es para absolver a los terroristas y condenar a sus enemigos… ¿No son estas razones de sobra para marchar contra el gobierno el 1º de abril?