Este 24 de noviembre se cumple un año desde que el Gobierno Nacional y la, hasta entonces, guerrilla de las Farc firmaran el acuerdo para la terminación del conflicto, cuyo primer punto versa sobre la necesidad de una reforma rural que propicie la transformación estructural del campo colombiano y garantice el bienestar de la población rural. El Gobierno manifiesta que se ha avanzado según lo previsto, sin embargo, sectores como el ganadero muestran su preocupación sobre el tipo de "avance" que se ha dado. 

Este punto contempla el escenario rural como espacio de diversidad social y cultural y plantea la necesidad de una integración entre las zonas rurales y urbanas de Colombia a través de estrategias como la formalización de la propiedad y la implementación de planes de desarrollo integrales en el que aspectos como alimentación, infraestructura, educación, salud, y recreación logren ser atendidos plenamente; además, el texto señala la necesidad de un encadenamiento de la producción rural que permita dinamizar la economía de las regiones y equiparar la calidad de vida en estas zonas con la urbana.

Si bien este punto del acuerdo se refiere al desarrollo rural, al enfocarse en intervenciones integrales que permitan una verdadera transformación en la calidad de vida de las personas, esta implementación no corresponde unicamente al Ministerio de Agricultura, así lo señaló a EL MUNDO el titular de esta cartera Juan Guillermo Zuluaga, quien además agregó que desde su despacho han trabajado a lo largo de este año en la consolidación de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, específicamente en lo correspondiente a la parte normativa que permitirá el adecuado cumplimiento de los acuerdos, pero señaló que ya se tienen avances en la implementación.

“Nosotros tenemos responsabilidades en los tres componentes que el punto uno tiene, es decir, acceso a tierras, Programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) y Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral; en el tema de acceso a tierras ya hay un avance en lo que tiene que ver con normatividad donde ya hemos expedido el decreto 902 del 29 de mayo para el acceso y formalización de tierras, el 893 del 28 de mayo que reglamenta todos los Pdet con los que se va a construir la planeación en los territorios, el plan de mejoramiento de vivienda social rural y un incentivo en maquinaria agrícola con el que habrá maquinaria importada a cero arancel en los próximos dos años para que los pobladores rurales se puedan beneficiar con esta iniciativa”, apuntó Zuluaga.

Frente a esto, Juan Camilo Restrepo, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), indicó que se ha generado expectativa en lo que tiene que ver con el paquete legislativo y su posterior implementación y agregó que en zonas donde se ha vivido el conflicto, como la región de Urabá “es necesario entender que la dinámica cambia y se debe tener mentalidad de progreso, de desarrollo y de mirar hacia adelante para dejar a un lado el pasado de la estigmatización y se debe trabajar por el presente y futuro de estas zonas”.

Restrepo agregó que en este momento es prematuro hacer un balance sobre la implementación en el punto correspondiente a lo rural pero indicó que en lo que tiene que ver con tierras y desarrollo rural se debe hacer un llamado para que el paquete legislativo avance dándole garantías y seguridad jurídica al agro colombiano.

En contraste, José Félix Lafaurie, presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), expresó su preocupación al señalar que “evidentemente lo negociado afectará de manera sustantiva el desarrollo del sector rural. La gran dificultad que hemos tenido es la de poner a salvo los intereses del sector porque la tierra para los fondos que están dispuestos tienen que salir de las que tienen los productores rurales, especialmente los ganaderos que son los que más tierras tienen”.

La trayectoria de ejecución

El ministro Zuluaga señaló que de los 170 municipios priorizados en el posconflicto, su cartera tiene actualmente oferta en un 70% de las localidades, ya sea a través de alianzas productivas, proyectos comunitarios en el marco de la cumbre agraria, asistencia técnica o acompañamiento.

En cuanto al avance de los Programas de desarrollo con enfoque territorial, el funcionario señaló que en este momento se está adelantando un proceso de preasambleas en 29 municipios “allí hemos trabajado con 16.800 personas y estamos en la planeación de lo que tiene que ver con los planes de retorno y reubicaciones de victimas del conflicto armado”, indicó.

En consonancia, la directora de la Unidad de Restitución de tierras de Antioquia, Paola Cadavid Acevedo, señaló que el hecho de que ya no se tenga a las Farc como actor beligerante le ha permitido a esta unidad ingresar a muchos territorios en el departamento, “por ejemplo poder entrar a San Francisco gracias al desminado ha sido para nosotros una gran noticia, saber que en Cocorná está terminando el desminado y vamos a poder ingresar el año entrante; todo eso es para nosotros un avance porque cada día tenemos menos territorios vetados y podemos atender un número importante de solicitudes de restitución para cumplir con la vigencia de la ley 1448 de 2011”, indicó.

“Además del tema de tierras se requiere infraestructura, allí nosotros aportaremos en lo correspondiente a riego y drenaje pero también estará el Ministerio de Transporte en lo que tiene que ver con vías terciarias, el Ministerio de Minas también tiene gran parte y el Mintic con su aporte en el Plan Nacional de Conectividad Rural porque debemos entender que el desarrollo de estas zonas va más allá de lo agropecuario”, concluyó el ministro.