Es claro el propósito inicial del próximo gobierno de Iván Duque: poner fin a la polarización, al odio y a los sentimientos de venganza que hoy convulsionan al país, por la vía de la reconciliación nacional, según el sentido de su mensaje del 27 de junio cuando los resultados electorales lo convirtieron en el presidente electo de Colombia.
Pero muy pronto se conoció una directriz enviada a las mayorías del Congreso, incluidos los miembros que aprobaron los acuerdos de paz pero que ahora hacen méritos para aparecer en la foto con el presidente electo, frenando la aprobación de la ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz JEP. Entonces se demuestra que sí existe la pretensión de introducir reformas de fondo al acuerdo y compromisos que finiquitaron el conflicto armado con las Farc.

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Casi nos juraban que no lo harían “trizas”; que era cuestión de leves modificaciones; que igual se cumpliría con lo pactado. Pero cuidado que el problema no se reduce solo a incumplirle a las Farc sino también a la comunidad internacional que generosamente ha apoyado los esfuerzos por consolidar la convivencia, amén de que iríamos en contravía de las sentencias de la Corte Constitucional.
Qué rosario de tropiezos: lentitud en la implementación de los acuerdos de La Habana, reformas política y agraria en veremos, proceso de reincorporación con grandes falencias, la JEP estancada y con ella el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y un creciente número de líderes sociales asesinados, casi todos impulsores de dichos acuerdos.
Y para colmo, en las toldas del nuevo oficialismo -aún sin tomar posesión- algunos malquerientes del gobierno parece que no dimensionan las implicaciones de un fracaso del proceso de paz, bien por incumplimiento de los acuerdos o por pretender introducir ajustes no consultados con la contraparte y con los países garantes, porque el conflicto no se quedaría en los territorios más alejados de las grandes ciudades; crecerían las disidencias y se fortalecerían las distintas agrupaciones al margen de la ley y al servicio del narcotráfico.
Otra faceta que ellos no han valorado es que los más interesados en ponerle punto final a la guerra son los militares, otrora jugados en el combate a las Farc y ahora expectantes ante la Justicia Especial de Paz. El estribillo de una supuesta “baja en la moral de las tropas” en realidad busca justificar sus broncas. Basta con analizar la posición de los altos mandos de las FF. MM. y de la base tropera que hoy ve con buenos ojos que el conflicto se liquide definitivamente.
Ahora bien, lo aprobado en plenaria del Senado el pasado 27 de junio resulta importante para consolidar la justicia transicional que requiere el proceso de paz. Pero no es conveniente crear una nueva sala para juzgar los militares, un asunto ya resuelto en la JEP, y mucho menos plantear que este tribunal no se debe involucrar en las extradiciones; apenas definir si los delitos se cometieron antes o después de la firma de los acuerdos de paz. A esto se agrega la amenaza del CD y su bancada de preparar nuevas leyes que cambien el fondo de los acuerdos de paz, debo recordarles que dichos acuerdos fueron firmados por las 2 partes con en el concurso de la comunidad internacional.

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Un argumento parecido se ventiló cuando hubo la intención de juzgar a los paramilitares bajo la Ley de Justicia y Paz. A la larga sus cabecillas fueron extraditados; se embolató entonces la verdad esperada acerca de los hechos que protagonizaron, al igual que la reparación a las víctimas. Solo que ahora se pretende la protección e impunidad para las elites del CD y sus amigos, gracias a dos “articulitos” introducidos por su bancada, con el apoyo obsecuente de la nueva unidad nacional de derecha en el Congreso de la república. Se trata de una enmendadura que no busca la justicia para nuestros héroes miembros de la fuerza pública, sino ofrecer un salvavidas a los presuntos responsables de varios delitos de lesa humanidad. El balón está ahora en la cancha de la Corte Constitucional y tal vez también de la Corte Penal Internacional.

Comentarios:

Juan Manuel
2018-07-04 14:46:44

El Acuerdo de La Habana fue firmado por dos partes, sí, pero una de ellas estaba desautorizada por voluntad popular (Colombia dijo NO), por lo cual, poniéndonos con leguleyadas, el acuerdo no tiene sustento jurídico. El supuesto blindaje supranacional del Artículo 3 de la Convención de Ginebra, aplica a personas privadas de la libertad por conflictos internos y las eleva a la categoría y trato de prisioneros de guerra. Los bandidos de las FARC no son prisioneros de guerra, ni las prebendas obtenidas en un acuerdo espurio, con lo que ellos mismo declararon al inicio de las conversaciones “un gobierno ilegítimo” están amparadas por ninguna Convención Internacional y ningún supuesto bloque de constitucionalidad.

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