Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 35 Penal Municipal de Garantías de Bogotá envió a un centro carcelario con medida de aseguramiento a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

De acuerdo con la Fiscalía, en caso de quedar en libertad, la exgobernadora podría afectar el proceso penal a su favor por el poder político que tiene en el departamento y la influencia en la administración de justicia de La Guajira.

De la misma manera, advirtió el fiscal del caso adscrito a la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, que la exmandataria habría incurrido en delitos que involucran el erario y el dinero destinado para la alimentación de los menores de edad en esta sección del país.
 
"Los derechos de los menores están protegidos por la Carta Política y son derechos superiores contemplados en tratados internacionales," subrayó el delgado acusador al respecto.
 
Según la investigación, los hechos ocurrieron en el municipio de Albania (La Guajira) durante el año 2011, cuando fueron denunciadas ante diversos entes de control del departamento, las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo.
 
En desarrollo de la investigación sobre los contratos celebrados por la alcaldía, se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la E.S.E. Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio. 
 
Sin embargo, los convenios fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos.
 
También se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1.600 personas para la materialización de la mencionada  obligación contractual.

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Por estos hechos ya son procesados varios servidores públicos, entre ellos el exalcalde Yan Keller Hernández, quienes habían estado en el periodo de los convenios y nueve particulares que subcontrataron para la coordinación de los programas.
 
Los subcontratados presuntamente recibieron la suma de $1 millón 200 mil  cada uno, para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación.
 
Entre estos últimos había personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros; es decir personas con la capacidad de votar en dicho municipio, observándose que existió un trasfondo político, que habría consistido en invertir los recursos del municipio en la campaña política de la alcaldesa saliente.