Recientemente el caricaturista Thumor, expresaba en una trágica caricatura, lo siguiente: “Le cortan las manos a un niño en la costa, violan y empalan a una mujer en Buga, una pelota-bomba mata a una niña en el Chocó…. ¿Alguien me puede decir por qué nace tanto canalla en Colombia?”
Esta reacción se aúna a las miles de expresiones de indignación que se manifestaron ante el execrable crimen de la pequeña Yuliana. Sin embargo, pese a las expresiones masivas de dolor y de impotencia, no pasa nada. Yuliana es una pequeña víctima más, dentro de la larga lista y la enorme cadena de crímenes terribles que pasan en Colombia y que será olvidada cuando ocurra el próximo caso de horror. ¿Recuerdan a Garavito, el burro-bomba, el feminicidio ininterrumpido, los ataques aleves con ácido, los casos de pederastia, los maltratos intrafamiliares, el secuestro de recién nacidos, la prostitución infantil, la trata de personas, los atropellados por conductores ebrios,  los afectados por cirugías desarrolladas por incompetentes, entre otros varios tipos de crímenes, sin contar los asociados a los asesinatos de periodistas, sindicalistas, indígenas, campesinos, políticos, empresarios, estudiantes, militares  y jóvenes a lo largo y ancho del país?
Penas de cualquier tamaño ante la dimensión de ciertos crímenes, no tienen proporción. ¿Si será verdad que la cárcel resocializa? Deben existir algunos ejemplos para que la excepción confirme la regla, excepciones que no conozco. En algunos países, la corrupción, el tráfico de bienes arqueológicos y el atentado contra el patrimonio público son considerados crímenes de alto peso, y son castigados con la pena de muerte. Para Napoleón, desde lo militar, lo más maluco de las guerras era tener que lidiar con prisioneros: había que cuidarlos, darles salud y comida y esperar que dieras la espalda para que te mataran.
Hablar de este tema en Colombia, país de fariseos, es sumamente complicado. Claro está, que se pone el grito en el cielo cuando se trata de proponer elevar este castigo a nivel legal, puesto que aquí, desde nuestra fundación como República, hace ya casi 200 años, la pena de muerte ilegal existe, por fuera de la ley, es cosa de todos los días y hace parte del paisaje ante una sociedad impávida, sumida en su doble y triple moral.
Ya lo decía Licurgo: “Mientras más cárceles tiene un Estado, más mala educación está proporcionando”. Si a esto le sumamos la ineficacia del aparato de justicia como un todo, pues apague y vámonos. Que se cierra el caso Colmenares, que se vuelve a abrir. Que Samuel Moreno atestigua, que Samuel Moreno no. Que el proceso contra los Nule avanza, o que no. Que el alto funcionario acompañado por abogados expertos, que a su vez son exfuncionarios, sabe aplicar todas las estrategias de dilación posible del proceso para hacer vencer los términos. Que el   ciudadano es capturado preventivamente, lo mantienen privado de la libertad por varios años y luego lo sueltan diciendo que no hay pruebas, y tampoco pasa nada. Terrible injusticia y descomunal demanda la que entablará el afectado, con toda razón, contra el Estado, la cual pagaremos todos.
Condenas de 40 años, cadena perpetua, trabajos forzados, todas ellas con sus más y sus menos. Sumir al erario público en costos de largos períodos de tiempo o por vida para mantener un maleante, es un despropósito económico.  Los trabajos forzados podrían tener su justificación. Ahora que existe la tecnología suficiente, pues saquemos a todos los presos de las cárceles, coloquémosles su respectiva manilla y comencemos a hacer a pico y pala el canal interoceánico Atrato-Truandó. Puede que nos demoremos mucho, pero con seguridad nos demoraremos menos  si lo comenzamos ya, por esta vía.
Mantenimiento de carreteras, desarrollo de granjas agrícolas en las fronteras, limpieza de ríos y quebradas, entre otras varias docenas de posibilidades, están ahí, por desarrollar. No por hacer más de lo mismo obtendremos resultados distintos. Si no tomamos el toro por los cachos y organizamos nuestro sistema y nuestro aparato de justicia, cueste lo que cueste, seguiremos siendo un mal remedo de sociedad civilizada. Yo no sé a ustedes, pero a mí se me acaba la paciencia.
Debo reconocer mi complacencia por el otorgamiento del premio Nobel al Presidente Santos.
Insistamos en dotar a Medellín de un digno Palacio de Espectáculos.   
NOTA: Me recuerda un amable lector, con respecto a la columna del pasado martes 6 de diciembre titulada “Sinsabores verdes”, la persecución a la que fue sometido el equipo defensor del título de la Copa Libertadores del año 1989, con amplias posibilidades de repetir en 1990, por parte de Nicolás Leóz, en su momento Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, hoy ya anciano y sometido a la figura de casa por cárcel, por problemas de corrupción.  
FE DE ERRATAS: En la Columna de la semana anterior se dijo que el Centro de espectáculos la Quinta Vergara estaba ubicado en Valparaíso Chile y es en Viña del Mar.