Rindiendo cuentas de su gestión al frente de la Territorial Antioquia de la Unidad de Gestión de Tierras, URT, su directora, Paola Andrea Cadavid Acevedo, conversó con EL MUNDO sobre los principales logros de la entidad, la expansión de su cobertura el próximo año y el panorama de despojo en Medellín, que sólo empezaría a tener solución a partir del 2018.

Cuéntenos sobre los principales logros de la URT en 2016
Un aspecto muy positivo tiene que ver con la intervención en el Bajo Cauca. Allí pudimos atender una región bastante afectada por el despojo y el abandono, como fue el corregimiento Anará, del municipio de Cáceres. Es decir, allí pudimos ampliar nuestro espectro de acción a pesar de las situaciones de violencia que todavía vive el Bajo Cauca. También es para nosotros muy satisfactorio el poder haber barrido municipios completos como Betania, Betulia, Salgar, que ya tienen muy pocos casos y que, digamos, el gran conglomerado de solicitudes ya pudieron ser evacuadas e incluso presentadas ante los jueces.

¿Cuál es la zona de Antioquia donde más se concentró el trabajo de la URT ?
Seguimos con mucha fuerza en el norte de Urabá: en San Pedro, en Arboletes, y también con mucho énfasis en el suroccidente de Turbo, que es una región con mucho conflicto agrario, con mucho conflicto armado, que obviamente generó todas estas situaciones de despojo y de abandono.

¿Qué reto se plantea la URT para el 2017?
En este momento ya estamos interviniendo 24 municipios en todo el territorio antioqueño y el año entrante barreríamos esos 24 municipios y atenderíamos 36 municipios nuevos. Es una estrategia muy ambiciosa, pero es necesaria porque es importante ir avanzando en el departamento, porque desafortunadamente Antioquia alberga el 22% de todas las solicitudes de restitución del país.

¿Cómo se asegura la URT de que un reclamante es legítimo propietario de una tierra?
La Unidad comprueba el dicho de la víctima o del reclamante como tal, contrastando su versión con fuentes institucionales, por ejemplo, con Fiscalía, con Defensoría del Pueblo, hay una fuente que para nosotros es supremamente importante, que es la Unidad de Víctimas, que la persona haya hecho su declaración de desplazado. No significa que si alguien no hizo la declaración de desplazado, no sea víctima, porque también entendemos que muchas personas desconocen la ruta de acceso a sus derechos, pero también tenemos otros recursos y otras fuentes de información, como son las comunidades.

¿Y cómo es entonces el panorama de falsos reclamantes en Antioquia?
En el departamento sólo hemos tenido un caso muy crónico frente a esa situación. Fue un caso de la vereda La Leona, en el municipio de Turbo, donde la Unidad de Restitución compulsó copias e incluso algunas de esas personas están siendo judicializadas. Acá en el departamento no ha sido un fenómeno muy grave, lo que sí encontramos, por ejemplo, es personas que se confunden con la Política Pública de Restitución y hacen la solicitud pensando que es un programa de vivienda o que es un asunto relacionado con formalización de tierras, y ya al momento en que se les explica, pues desisten de la solicitud y uno identifica que es más un tema de desinformación que de mala fe o de un abuso del derecho.

¿A qué sanciones se puede enfrentar un falso reclamante?
Nosotros compulsamos copias a la Fiscalía, ya queda también en manos de jueces y fiscales identificar si la persona actuó con temeridad o con dolo para tratar de defraudar al Estado y esto tiene una pena que va hasta los doce años de prisión.

La URT ha señalado a Medellín como la capital del país con mayor despojo, ¿cuál es el balance?
Medellín tiene 1.200 solicitudes de restitución. De esas, el 44% están concentradas en tres comunas, en su orden de mayor a menor afectación están la Comuna 13, la Comuna 1 y la Comuna 8. Los años de mayor afectación oscilan entre 2010 y 2012. Pareciera que el despojo o abandono en Medellín fuera histórico, pero realmente encontramos unos picos bastante altos en esos años. 

¿Cómo se avanzó este año en ese proceso restitutivo en el área urbana de la ciudad?
La intervención en cualquier aspecto de lo urbano tiene unos asuntos más retadores que la misma restitución de lo rural, básicamente porque la URT es un ente adscrito al Ministerio de Agricultura y su población objeto para programas sería básicamente la población rural. Cuando tenemos intervenciones urbanas, asuntos como el proyecto productivo de esa persona para que vuelva al lugar de donde salió, el mejoramiento de vivienda, la atención a segundos ocupantes, no están cobijados en este momento por parte de la URT. Eso tendría que articularse con otras instancias como Ministerio de Vivienda, como los mismos institutos de desarrollo urbano de las alcaldías, el tema de productividad lo tiene que atender el Departamento para la Prosperidad Social.
Esto ya se le ha expresado a la Alcaldía en diferentes espacios. Desde el año pasado nosotros hemos venido exponiendo esta situación, este año volvimos a recabar en los mismos temas y estamos a la expectativa de que empecemos a articularnos sobre el tema para la intervención, ya no en 2017 pero posiblemente sí en el 2018.