Las lecciones aprendidas en los últimos años, deberán servirnos para que el 2017 sea el año de las evaluaciones, las transformaciones y el restablecimiento de la teoría social del servicio público, en el que las empresas se pongan al servicio de la sociedad, y todas las autoridades orienten sus actuaciones al cumplimiento de los fines propios del Estado Social de Derecho, tal como se ha venido exigiendo por la Corte Constitucional, en muchas de sus providencias.

Una vez los colombianos hemos renunciado definitivamente a la vía armada como mecanismo para solucionar los conflictos sociales, e iniciamos la construcción de un escenario adecuado para la discusión política sobre los asuntos de interés nacional, el tema relativo a la vigencia o no de la teoría del servicio público, pasa a ocupar lugar de privilegio en la agenda política del país, pues, la prestación de servicios públicos es lo que justifica la intervención del Estado en la economía, y a la vez lo que le da sentido concreto a varias de las instituciones propias de nuestro modelo constitucional.

La amenaza de racionamientos en el servicio de energía, la toma de posesión de Electricaribe, la necesidad de impulsar el uso de energías no convencionales generadas en recursos renovables, la negativa a cumplir la sentencia que ordena la reversión de los activos asociados a la prestación del servicio de telefonía móvil celular, los reiterados fallos de la Corte Constitucional asociados al deber de garantizar el acceso al mínimo vital en servicios como acueducto, saneamiento básico y energía, el deber de garantizar el debido proceso antes de suspender los servicios a los usuarios, y la necesidad de adoptar medidas que privilegien la protección del medio ambiente y los grupos de personas vulnerables de la sociedad, hacen necesario que se piense en la necesidad de hacer una transformación a fondo del actual esquema de prestación de los servicios.

Temas como el acceso al agua potable y al saneamiento básico, a la salud, la educación, la energía eléctrica y las comunicaciones necesariamente deben hacer parte de la agenda política nacional, pues en la medida en que se logre avanzar en ese tipo de asuntos, se estarán construyendo bases firmes para la paz y para el desarrollo económico y social; un asunto debe claro: la paz verdadera, solo se construye, a partir de adoptar medidas, que reduzcan las desigualdades y avancen en equidad social.

En materia de servicios públicos los hechos acaecidos en el año 2016, han determinado el rumbo de las decisiones que deben adoptarse en el 2017, lo que hace necesaria una evaluación a fondo de la manera como se han entendido y aplicado algunas de las instituciones contenidas en la Ley 142 de 1994, con el fin de superar las tensiones que se generan al leer la misma Ley de dos maneras diferentes, pues, mientras para algunos se trata de una norma que debe leerse en el contexto del Estado Social de Derecho, para otros, se trata de una Ley de liberalizaciones y privatizaciones, que solo se entiende en el contexto de la libre competencia y el mercado propios del derecho privado.

Volver sobre la teoría del servicio público, de tal manera que se privilegie el derecho de acceso universal, la continuidad y calidad de los servicios, la protección del medio ambiente y los derechos de los usuarios, debe ser el propósito sectorial, para el próximo año, de lo contrario, no se justificaría un régimen jurídico especial para una actividad económica, que no promueva el equitativo desarrollo de la sociedad, y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de todas las personas.

En Medellín debemos asumir el liderazgo de la evaluación del actual modelo de prestación de servicios públicos en el país, para ello es necesario que la comunidad académica, los gremios, las organizaciones sociales, las empresas, los vocales de control y los ciudadanos en general tomemos la palabra y que la administración municipal lidere ese proceso.