Pese a las garantías que el Acuerdo de paz define para la seguridad de los líderes sociales, siguen ocurriendo asesinatos. Movimientos de ciudadanos hicieron un llamado al Gobierno para que cumpla los compromisos establecidos al respecto.
No cesan los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país. Y mientras el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación han argumentado que no hay sistematicidad en las muertes, los movimientos de ciudadanos rechazaron esa postura y de nuevo exhortaron a las autoridades a ocupar los territorios que han dejado las Farc para evitar que sean usurpados por otros grupos delincuenciales.
Y es que la muerte de José Yimer Cartagena, ocurrida el pasado 10 de enero en zona limítrofe entre Antioquia y Córdoba, encendió de nuevo las alarmas por los crímenes políticos contra integrantes de organizaciones de base.
Así lo manifestó Otto Higuita, líder de la Marcha Patriótica, quien señaló que “lo que se viene configurando es un panorama bastante aterrador, que ya no es un gota a gota sino que va siendo un asunto donde hay una cascada de asesinatos en los ámbitos regional y nacional, lo que nos pone ante la incertidumbre de lo que pase con el proceso de paz”.
El líder se refirió a los asesinatos, que con el de José Yimer Cartagena suman siete en el país, además de las amenazas de muerte que siguen llegando a través de panfletos: “Hay en este momento hacia la parte del sur de Córdoba, once amenazados de muerte luego del entierro del compañero José Yimer. También sabemos que hay amenazas hacia la parte de Ituango en algunas de las veredas que hay allí y también hacia la parte de Anorí, hacia la zona de Carrizales”.
Finalmente, enfatizó Higuita, “para los movimientos sociales no se trata de una discusión semántica de cómo denominar a las fuerzas de extrema derecha que están asesinando, si son paramilitares, neoparamilitares, etcétera, sino que haya una sola postura con respecto a ellas”.
Por su parte, León Fredy Muñoz, presidente de la Regional Antioquia de Fenalpaz, también denunció la amenaza recibida por la presidente de la Regional Urabá de esa federación, Alcira Blanquicet, por parte de las Autodefensas Gaitanistas: “Eso nos preocupa porque esas zonas donde hay amenazas, casualmente, van a ser algunas de ellas zonas de circunscripción electoral especial. Entonces vemos cómo vienen diezmando, amenazando y asesinando a esos líderes, seguramente para que no vayan a actuar allá. Para ver cómo se meten ellos y de alguna manera pueden acceder a esas 16 curules que están en los acuerdos”.
Muñoz también llamó la atención sobre el incumplimiento del Estado con sus compromisos, señalando que “lo que le proporcionan, por ejemplo, a nuestra presidente de Fenalpaz es un chaleco y un celular para que se proteja. Entonces vemos muy curioso que el Estado tampoco haya hecho lo propio para frenar todos estos asesinatos y todas estas amenazas y que la gente pueda sentirse tranquila en este proceso de paz”.
Evitar el reacomodo criminal
El asesor de Paz de la Gobernación de Antioquia, Luis Guillermo Pardo, aseveró que “territorio que deje las Farc, si no es ocupado por el Ejército, por la Policía, lo normal es que sea ocupado, en Colombia, por actores ilegales nuevos o actores ilegales viejos”, e hizo un llamado para que las autoridades ocupen “inmediatamente los espacios que las Farc están dejando”.