De las consultas electorales planeadas en Venezuela, para el 16 y 30 de julio, una es promovida por la oposición y la otra por el Gobierno, aunque solo la del 30 tendrá carácter vinculante y dará paso a un nuevo ordenamiento jurídico, algo que la alianza antichavista Mesa de la Unidad Democrática califico de "fraude".
Venezolanos tienen incertidumbre por el futuro venidero.
Dos sentencias del Supremo desataron una oleada de protestas en Venezuela, país que fue sumando días y víctimas en medio de acusaciones mutuas entre el Gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores, que ahora desprenden hojas del calendario con miras a dos fechas cruciales: el 16 y el 30 de julio.
El último domingo de este mes se elegirán en el país a 545 representantes que integrarán la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que redactará una nueva Constitución con el propósito de "fortalecer la revolución" según el chavismo o de "consolidar la dictadura" según la Mesa de la Unidad Democrática.
El presidente Maduro y el diputado chavista Diosdado Cabello, principales impulsores de dicha contienda, reiteran en cada discurso los días y las horas que faltan para elegir la Asamblea Nacional Constituyente y aseguraron que este mecanismo permitirá dar soluciones a la grave crisis económica que atraviesa el país desde hace más de tres años.
Los opositores, en cambio, han suscrito un manifiesto "para el rescate de la Constitución y la democracia" que insta a todos los venezolanos a organizarse y "constituirse en asambleas permanentes" para declarar "que no permitirán el uso de los centros electorales para la violación de la Constitución" el 30 de julio.
El bloque opositor pidió a sus seguidores "estar listos para la activación de la gran protesta nacional permanente y simultánea" aunque no se conocen detalles de esta convocatoria, relacionada con la elección del 30 de julio.
El antichavismo, que también descuenta el tiempo en espera de que el Gobierno o la Fuerza Armada pongan freno al proceso constituyente, se declaró en hora cero, una modalidad con la que, aseguran, radicalizarán "pacíficamente" sus acciones de calle, iniciadas el pasado 1 de abril.
No obstante, Maduro ya remarcó que el referendo opositor es inconstitucional y ha advertido que los planes de entorpecer la elección de la Asamblea Nacional Constituyente configuran delitos electorales que están contemplados en las leyes venezolanas con penas de prisión.
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