"Murieron 138 soldados y otros 64 resultaron heridos", afirmó este sábado un comandante del Ejército afgano que pidió el anonimato, en relación al ataque perpetrado el pasado viernes contra una base militar por diez talibanes vestidos con uniformes militares en la provincia de Balkh, una de las más seguras de Afganistán.

El Gobierno afgano, que se ha mostrado muy precavido a la hora de dar una cifra total de víctimas, confirmó que el número de muertos y heridos supera el centenar.

"Hay más de cien soldados muertos y heridos. Diez insurgentes, incluidos dos atacantes suicidas que se inmolaron, también murieron", aseguró un portavoz del Ministerio afgano de Defensa, Dawlat Waziri.

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El ataque, que se prolongó durante seis horas, comenzó poco después del mediodía, cuando los soldados salían de la mezquita tras las oraciones del viernes, en un cuartel situado en el distrito de Dehdadi.

Los insurgentes iban vestidos con uniformes militares y lograron infiltrarse dentro del cuartel en varios vehículos del Ejército hasta ser descubiertos en el segundo puesto de control de la entrada, donde el primero de los atacantes se inmoló, mientras que los restantes iniciaron el intercambio de disparos.

La oficina del presidente afgano, Ashraf Gani, publicó este sábado un único mensaje en Twitter en el que el mandatario condenaba el "cobarde ataque" contra los militares durante "el rezo del viernes". "Los atacantes son infieles", sentenció Gani.

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El jefe del Ejecutivo afgano, Abdulá Abdulá, también remarcó en su cuenta de la red social que "el ataque en lugares sagrados está prohibido en todas las creencias" y calificó la acción de "cobarde".

Los talibanes reivindicaron el viernes el ataque en un comunicado remitido por su portavoz, Zabihulah Muyahid, quien aseguró que mataron a "más de un centenar de soldados".

La violencia se ha incrementado en el país asiático desde el final de la misión de combate de la Otan en Afganistán el 1 de enero de 2015 en medio de un avance de los insurgentes, que han reducido el territorio en manos del Gobierno a apenas un 57 % del total, según datos de Estados Unidos.