La implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc avanza en medio de una gran controversia nacional por su trámite en el Congreso de la República y la gran pregunta que el país se ha comenzado a hacer es ¿qué pasaría si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es aprobada en el Legislativo?

La discusión del proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP perdió valioso tiempo en esta última semana en el Senado debido a la falta de quórum en las sesiones, mientras que se hacen muchas cábalas sobre los tropiezos que tendría esta iniciativa de llegar a la Cámara de Representantes por la posición de Cambio Radical encarnada en las actuaciones de su presidente, Rodrigo Lara.

Precisamente uno de los máximos dirigentes de este partido, como lo es el senador Germán Varón Cotrino, ha advertido desde el Capitolio Nacional el “peligro” de posibilitar la llegada de los excombatientes a corporaciones públicas sin que la JEP esté en funcionamiento, lo que a su modo de ver  “implica que se vean en condición de representantes de la sociedad sin haber reparado una sola de las víctimas, cuando uno de los principios es la reparación y la verdad”.

Por otra parte, no dejan de inquietar los reparos que la Corte Penal Internacional (CPI) lanzó hace unos días en contra de la JEP, considerando que los esfuerzos de Colombia por alcanzar una paz real, estable y duradera podrían truncarse si los máximos responsables de crímenes durante los más de 50 años de conflicto logran evadir sus responsabilidades.

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Y es que según Fatou Bensouda, fiscal del alto tribunal internacional, existen cuatro puntos “preocupantes” relacionados con la responsabilidad de mando, la definición de graves crímenes de guerra, la determinación de la participación activa o determinante en los crímenes y la restricción efectiva de libertades y derechos.

La fiscal de la CPI resaltó que un tribunal que aplique el artículo del Acto Legislativo 01 de 2017 (de responsabilidad del mando), tal como está formulado, podría verse impotente para hacer cumplir el derecho internacional consuetudinario frente a los jefes militares. Esto significaría que las personas con capacidad material de prevenir o de castigar los crímenes de los subordinados podrían quedar impunes.

EL MUNDO consultó varios expertos en torno a lo que podría suceder con los reinsertados de la exguerrilla de las Farc en caso que este Proyecto de Ley no haga curso legislativo y su análisis en torno al pronunciamiento de la CPI.

Andrés Úsuga, avezado en Derecho Constitucional y Derecho Militar, explicó que si este escenario se presentara tendría efectos no sólo jurídicos sino también de carácter político.

“Desde el punto de vista constitucional y jurídico no pasaría nada si la JEP se llegase a hundir en el Congreso. Sencillamente se continúa con la justicia como la tenemos diseñada en el capítulo que tiene la Carta Magna, arrancando en el artículo 228”, dijo.

Sin embargo, el jurista considera que desde el punto de vista político las Farc, si no avanza la JEP, podrían decir que el Gobierno les incumplió el Acuerdo de Paz.

“La gente no recuerda que el Acuerdo de Paz son seis puntos, que no sólo es la JEP. Las Farc dicen que si este punto se cae, se cae todo el Acuerdo, y en cierto punto tienen algo de razón, pues el tema más importante, que no es esta nueva justicia sino su participación en política, está ligado indefectiblemente a la JEP”, expresó.

Y estos dos puntos están comunicados precisamente, según Úsuga, porque la Constitución dice que cualquier persona que haya cometido un delito, por menor que sea, y haya sido condenada por la justicia no puede hacer política ni ocupar cargos públicos.

“Entonces bien, si alguien que fue condenado por un delito simple no puede llegar al Congreso de la República, mucho menos lo podría hacer una persona que cometió delitos de lesa humanidad, como lo hizo el secretariado de las Farc”, precisó el abogado.

Y continuó: “Lo que trae la JEP es que incluso los delitos de lesa humanidad puedan ser indultados o tengan amnistía, entonces políticamente, si se cae esta jurisdicción las Farc se van a oponer el cumplimiento de los acuerdos”. 

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Ahora bien, desde varios sectores se habla acerca de la posibilidad de que las Farc regresen a las montañas de Colombia ante un eventual hundimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, a lo que el jurista Úsuga se pregunta: “¿con qué armas pensarían volver si supuestamente ya las entregaron todas?” 

“Si la verdadera voluntad de las Farc era hacer política, no entiendo cómo podrían volver al monte si ya las armas las tiene la ONU; a no ser que tengan más armas ‘encaletadas’ que les permita retomar su accionar delincuencial y que, obviamente, se vería como una violación a lo pactado en el Acuerdo de Paz en cuanto a verdad, justicia y reparación”, precisó.

Lo mejor que le puede pasar al país, concluyó Andrés Úsuga, es que se adecúe la justicia transicional que se requiere para que se haga la inserción de esas personas a la población civil basada en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que ha traído la jurisprudencia y las normas del Derecho Internacional Humanitario.

“La JEP no se hunde”

Entretanto, el doctor en Derecho y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín, John Fernando Restrepo Tamayo, aseveró que “la JEP y el proceso de paz con las Farc ya no se hunde”, pero sí va a cargar un lastre histórico traumático cada vez que salgan este tipo de comunicados o este tipo de evidencias (como las entregadas por la CPI) en las que el Derecho Internacional Humanitario ha tenido unas nuevas reglas de juego y ha establecido unos nuevos principios que, “muy a mi pesar, se han saltado en el caso colombiano”.

“Una justicia transicional siempre va a estar expuesta. Es decir, todo proceso de negociación siempre va a tener el riesgo de que se aborte, de que se rompa por la parte más débil y Colombia ha tenido casos en los que la justicia transicional ha fracasado”, precisó Restrepo.

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No obstante, como ciudadano, constitucionalista y politólogo el jurista cree y espera que la JEP no se hunda en el Legislativo y que continúe avanzando el Acuerdo de Paz, aunque destacó la importancia de resolver el punto de la responsabilidad penal de los altos mandos militares de las Farc.

Por otra parte, el avezado hizo especial énfasis en los reparos a la JEP de la Corte Penal Internacional y los califica como “muy delicados”, pues en términos jurídicos desvirtúan lo propuesto dentro de nuestra transición del conflicto a la paz, señalando que efectivamente hay una relación propia del Derecho Penal Internacional y es la relación de mando frente a la responsabilidad penal que podrían tener los cabecillas de grupos armados por crímenes que prohíbe el Estatuto de Roma, que son llamados los delitos de lesa humanidad.

“Esta carta pone en evidencia que hay elementos en la normativa de la aplicación del Acuerdo que contradicen el espíritu de la justicia transicional propuesta después de la segunda guerra mundial, lo que va a permitir que el proceso de paz alimente y fortalezca las voces de quienes han sido opositores”, concluyó.

“Un gran favor para el país”

De acuerdo con el abogado y dirigente político Rafael Nieto Loaiza, si se hunde la Jurisdicción Especial para la Paz “se le habrá hecho un gran favor a la Constitución y al país”, pues, a su modo de ver, esta justicia transicional le rompe el espinazo a la Rama Judicial, “creando una alta corte, en paralelo, que no tiene ningún tipo de sustento constitucional y que es preferente, prevalente y autónoma”.

Además, “la JEP está compuesta por unos magistrados nombrados por unos extranjeros y una farmaceuta (Claudia Vaca) que nada tiene que saber, ni puede, acerca de Derecho y de las cualidades que debe tener un juez”, consideró.

Asimismo, Nieto Loaiza resaltó que la JEP está pensada para dejar en impunidad a las Farc y, al mismo tiempo, para perseguir a los miembros de la Fuerza Pública activos y en reserva y a los civiles.

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“La Jurisdicción Especial para la Paz es como si en el partido entre Colombia y Perú, definitorio para la clasificación de nuestro país al Mundial, los jueces hubieran sido peruanos y hubieran tenido la posibilidad, no sólo de expulsar a los colombianos sino además de encarcelarlos, y pudieran inventarse, durante el partido, el régimen de sanciones aplicable a los jugadores”, explicó.

Por último, el jurista dijo que la JEP no es neutral, no es imparcial y no es autónomo, sino que “tiene una clara tendencia de izquierda y antiuribista, un buen número de magistrados con contratos con el Gobierno Nacional, e incluso un par que participó directamente en la negociación con las Farc”.

CR no vota la JEP

Rodrigo Lara Restrepo, presidente de la Cámara de Representantes y dirigente político de Cambio Radical (CR), manifestó que por decisión de la bancada de esta colectividad no votarán la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero  sostuvo que presentarán varias observaciones a fin de mejorar este proyecto.

“Haremos observaciones sobre los siguientes temas de la JEP: garantías de la Fuerza Pública, sobre la persecución efectiva y real de los activos de las Farc en manos de sus testaferros, cierre definitivo de las listas y sanción ejemplar a los colados, así como sanción ejemplar a los reincidentes, regulación y garantías para los terceros no combatientes y sobre el Régimen de inhabilidades (control)  de los magistrados de la JEP”, dijo.

De otra parte hizo una petición al Gobierno Nacional frente al trámite de los proyectos del ‘Fast Track’. “Le pido al Gobierno Nacional más liderazgo en estos  proyectos. En la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz llegaron con muchos vacíos y defectos en sus diseños, y ha sido necesario corregirlos en el Congreso”, señaló.

Ante esta situación añadió que “presenten todos los proyectos ya. Es inconcebible que a fecha del 2 de noviembre en Cámara no conozcamos el texto de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué el Ministro no permite que se radique ya para que los congresistas puedan empezar a estudiar ese proyecto?”, se preguntó.

También exigió al Ejecutivo que “urja a los colegas de la Unidad Nacional para que asistan a estos debates”.

“Le voy a solicitar al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que tiene gran ascendencia entre los parlamentarios, que asista a todas las sesiones de discusión de Cámara para motivar y pedirle a todas las bancadas que asistan para cumplir siempre con el quórum”, precisó.

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Lara volvió a hacer un llamado para que se deje de pensar en lo electoral, pues no pude estar por encima de este proceso de implementación que debe ser equilibrado.

Respecto a la tutela en su contra para permitir el acceso de los integrantes de la Farc a la Cámara, indicó que “muy respetuosamente quiero recordarles a quienes van a fallar esa tutela que ellos aún no son actores políticos propiamente, están en tránsito. Cuando se sometan a un juez yo creo que tendrán pleno acceso a cualquier instalación y podrán hacer política, antes, no creo que sea un buen mensaje para los colombianos”.

No obstante, concluyó dejando claro que acatará cualquier decisión judicial.