Faltando datos de otros municipios y determinaciones sorpresivas de quién sabe cuántos más figurines, a 262 días de la elección de un nuevo presidente el país puede darse el ridículo gusto de tener más de 20 precandidatos que sueñan con reemplazar a Juan Manuel Santos, y renovar a su gusto o el de su mujer, las cortinas del Palacio de Nariño.

Para conseguir tal objetivo -la mayoría sin mérito alguno y con el lastre de haber contribuido durante sus carreras públicas al actual estado de caos que reina en Colombia- han optado por dedicarse al tráfico de firmas, en una arrebatada carrera para ver quien logra convencer al mayor número posible de ingenuos.

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Antes del esperado revire de políticos, politiqueros, áulicos y bota beques de todos los candidatos y candidotes, hay que aclarar que, según el Drae, traficar es “comerciar, negociar con el dinero y las mercancías”, y aunque intangible, el voto ciudadano es una de estas últimas, y vaya precio el que a veces tiene.

Así como cualquier situación por mala que sea es susceptible de empeorar, también en todos los quehaceres del ser humano existe la posibilidad de mejorar, y de hecho hay que trabajar a diario para que así sea en cualquier campo, en este caso concreto el político-electoral.

La sana intención que tuvo la Constitución del 91 de ampliar la participación ciudadana en las grandes decisiones y conseguir que fuera real y efectiva, actualmente está convertida en una vergonzosa rebatiña que, además de atentar contra la estabilidad de los partidos tradicionales -eso sí, desprestigiados al máximo– constituye un tiro al aire.

¿Quién puede asegurar, por ejemplo, que detrás de alguno de los que pujan por las firmas de sus compatriotas no se esconde de pronto alguien con el talante de un Morales guatemalteco o un Maduro venezolano? ¿Qué, en realidad, le están ofreciendo al presunto elector, aparte de su nombre, algunas veces cuestionado por sus manejos anteriores?

¿Qué hay de fondo, de ideología, de programas serios y concretos por los cuales pueda un ciudadano del común, después de racionalizar con calma e inteligencia, decidir por quien estampar su firma? Nada, absolutamente nada fuera de la vanidosa pretensión del ofertante y la promesa general y vana de “luchar contra la corrupción”, como si ese no fuera un imperativo sine qua non de cualquier servidor público.

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Y queda otro importante aspecto por plantear, con el fin de que muchos de los ilusos aspirantes no queden convertidos al final en simples traficantes de votos. Si yo firmo por el candidato XX estoy expresándole que quiero sea mi candidato y ojalá mi presidente; no que después, ante los resultados adversos, negocie, prevalido de mi firma, apoyos y alianzas en procura de contratos y puestos con otros comerciantes de votos.

Lo que urge, aunque ya es demasiado tarde en las circunstancias actuales y la poca voluntad política de todos, es que se obligue a quienes apelan a las firmas para robustecer su vanidad y sus hojas de vida, que vayan hasta el final y sostengan su candidatura.

Todo lo anterior, sin desconocer la ventaja que para estos buscones de firmas significa emprender con meses de anticipación sus campañas, en desmedro de aquellos que irán a la contienda presidencial en representación de partidos de verdad, y no de estructuras infladas -como las faldas de antaño- con miriñaques.

Y un punto no menos importante es el relacionado con la vigilancia a los dineros que necesariamente van a invertir los precandidatos por firmas, y nada importará su procedencia, siempre y cuando llegue a tiempo para sostener una campaña que sí es pero que jurídicamente no es. Vaya contradicción en la que incurren quienes proclaman a coro y boca llena que van a luchar contra la corrupción.

TWITERCITO: Otrora la palabra era de oro y no se necesitaba firmar ningún papel. Ahora en cualquier papel se firma por cualquier cosa