Este martes, desde las 5:30 de la mañana, funcionarios de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín acompañaron a estudiantes de diferentes barrios de la comuna 13, San Javier, y la comuna 7, Robledo, para que volvieran a sus aulas de clase después de una semana de ausencia por temor a caer entre el fuego cruzado de los actores violentos. 

El secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, estuvo en el barrio Aures de Robledo, con megáfono en mano, acompañando la caravana que llevó a los niños del sector a la Institución Educativa Aures: “Hemos pasado por las calles con comparsas y música, invitando a todos los padres de familia para que traigan a sus  niños al colegio”, declaró el secretario, quien añadió que esta iniciativa fue direccionada por el alcalde Federico Gutiérrez.

Los niños, por su parte, emprendieron el camino con bombas blancas como símbolo de paz, y con pancartas que exigían respeto para la comunidad y la institución educativa.

El miedo que generó este paro en las actividades académicas no era menor: la semana pasada, la ruta Robledo 260, que presta su servicio entre el barrio Aures y el centro de la ciudad, dejó de circular. ¿La razón? Los conductores manifestaron su inconformidad por el cobro de extorsiones por parte de los grupos criminales.

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Igualmente, durante lo que va corrido del año, los homicidios se han incrementado en Robledo, Altavista y San Javier, debido a la disputa territorial de las estructuras criminales.

Bajo este panorama, los padres de familia optaron por dejar de enviar a sus hijos a las instituciones educativas: la semana pasada asistía menos de la mitad de los estudiantes a los planteles, lo que dificultó la evaluación y enseñanza de nuevos temas. 

Ante la situación de orden público que afecta directamente el derecho a la educación, cabe analizar cuáles son las acciones que realizan las autoridades para asegurar este derecho y si estas tienen la efectividad esperada. 

Presencia institucional, no militarización

Como medida para garantizar la asistencia de los estudiantes a sus colegios, la Alcaldía estableció el uso de rutas seguras, para que los niños tengan acompañamiento de las autoridades en su desplazamiento hacia y desde las instituciones educativas. 

El secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, aseguró que en Medellín hay normalidad académica y pidió a los padres una “corresponsabilidad” para garantizar el derecho a la educación de sus hijos: “les pedimos a los padres que no dejemos a los niños en casa, que los niños no estén en las esquinas, en los semáforos, en las tiendas, sino que vengan a su entorno protector que es el colegio”, puntualizó el funcionario. 

Sin embargo, expertos señalan que a esa corresponsabilidad se llega con una fuerte presencia de la institucionalidad en los territorios. Para Alexandra Peláez, economista y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, el acompañamiento a las comunidades “no debe quedarse en emisión de las alertas cuando hay problemas de orden público, sino que debe tratarse de un acompañamiento permanente”.
 
Así, la medida de las rutas seguras puede funcionar para garantizar la asistencia de los estudiantes a las instituciones mientras se manifiesten los problemas de orden público, pero no garantiza que la presencia constante de la institucionalidad. 

Lina Estupiñán, coordinadora del programa de Escuelas por la vida de la anterior administración municipal (2012–2015), señala que uno de los aspectos más importantes de esa presencia institucional es la prevención de hechos de violencia y la socialización de las estrategias con la comunidad educativa. 

“Dentro de Escuelas para la vida, teníamos el proyecto de Mediadores escolares, en el que empoderábamos a las instituciones para que se convirtieran en espacios de diálogo y para que los estudiantes se postularan para formarse como mediadores”, señala Patiño. 

Con esta iniciativa, buscaban prevenir en los entornos académicos la resolución violenta de los conflictos y que los estudiantes llevaran esa actitud a la cotidianidad.

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Sin embargo, cuando ocurrían hechos de violencia por parte actores ilegales, la Secretaría de Educación trabajaba de manera articulada con la Secretaria de Gobierno, de Inclusión social, entre otras entidades municipales, con la finalidad de aumentar la presencia institucional. 

Alexandra Peláez, quien además fue vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte en el periodo 2012-2015, señala que durante dichas contingencias establecían caminos seguros y transportes escolares para los estudiantes que corrían riesgo de traspasar fronteras invisibles. 

“Las caravanas podían durar meses mientras se evaluaba la situación de orden público. Sin embargo, cuando las rutas se disolvían, se mantenía la presencia institucional a través de otras entidades de la Alcaldía”, puntualiza Peláez. 

Actualmente, el alcalde Federico Gutiérrez, aparte de direccionar la estrategia de rutas seguras para los estudiantes, decidió aumentar el pie de fuerza en algunos barrios de la comuna 13 y la comuna 7, como una estrategia por fortalecer la presencia de las autoridades. 

Para Luis Fernando Suárez, ex vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad de Medellín durante el periodo 2012-2015, la presencia de la fuerza pública es importante, pero no es suficiente para generar confianza institucional en los estudiantes y la comunidad en general. 

En ese sentido, Suárez hace hincapié en que, además de las medidas que dan solución a las situaciones coyunturales, es necesario “llenar de institucionalidad, en dosis suficientes, a las comunidades”, y dejar una capacidad instalada que fomente la confianza en las instituciones. 

“Para eso es necesario llenar a los territorios de dependencias de la Alcaldía, a las secretarías de Educación, de Salud, de Inclusión Social, a la Personería, al Inder, no sólo llevar más y más policías y militares”, aclara Suárez. 

Luis Fernando Suárez es crítico con la actual Administración, pues considera que están desconociendo la historia de la ciudad frente a su lucha contra las estructuras criminales: “Si ellos desconocen la historia, nos vamos a devolver a los momentos más difíciles de la violencia”, añade el experto. 

Por su parte, Alexandra Peláez señala que una buena acción institucional, que garantice el derecho a la educación de sus jóvenes, debe sensibilizar también a los actores del conflicto, indicándoles que las instituciones educativas son zonas neutras. 

Igualmente, Peláez opina que es necesario ofrecer programas y espacios de formación para los jóvenes para alejarlos de la criminalidad: “No es un problema de identificar al pillo, sino entender que el joven que delinque viene de un mundo de vacíos familiares e institucionales”, enfatiza la experta.