El feroz ataque lanzado por el régimen chavista contra el capitán Óscar Pérez y las no más de diez personas que lo acompañaban en su refugio del municipio Libertador, ubicado en el área metropolitana de Caracas, es un aterrador acto propagandístico con el que Nicolás Maduro notifica su determinación de atornillarse en el poder a cualquier precio, en fiel seguimiento a las mañas estalinistas que le inculcaron los hermanos Castro.

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El capitán rebelde que en 2017 protagonizó un arrojado acto contra la tiranía se había refugiado en una sencilla casa a la que en la madrugada del lunes llegaron efectivos de la Policía Bolivariana, la Guardia Nacional y los grupos paramilitares a los que eufemísticamente en Venezuela llaman “colectivos”. Los hombres del régimen portaban armas de combate que no dudaron en usar a pesar de que el expolicía ofreció rendirse buscando negociar su encarcelamiento. El soberbio despliegue de fuerza innecesaria y la fiera arremetida contra el grupo acorralado no se desplegaron contra Pérez y sus amigos, se dispusieron, junto a una eficiente, y vergonzosa, campaña propagandística en redes sociales, contra los demócratas de dentro y fuera de Venezuela.

El mensaje de Maduro dentro del país no pretende tanto seguir aplastando a la ya debilitada oposición como sí amenazar a los miembros de la Policía o la Guardia Bolivariana de que el régimen está listo a usar las armas que ha acumulado a lo largo de los años, a cargo de la enorme deuda con Rusia y China, contra aquellos uniformados que estén pensando en convertir su hastío con la satrapía en acciones heroicas para liberar a Venezuela. La violenta notificación amilana a quienes en las Fuerzas Armadas hubiesen tenido alientos para defender la democracia y termina de aniquilar las expectativas de la oposición sobre un cambio del régimen desde dentro.

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Esta acción, José Manuel Vivanco de Human Rights Watch y el columnista Andrés Oppenheimer la comparan con los crímenes de Estado de las dictaduras del Cono Sur en los años ochenta. Ella le sirve al chavismo para notificar a los demócratas del mundo, su total desprecio por los derechos humanos y los valores del republicanismo. Lo hace, apuntalado en el bloqueo que con sus aliados y otros países timoratos ha logrado ejercer contra la pretensión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de aplicar la Carta Democrática a su país. También, porque se siente respaldado por sus acreedores, Rusia y China, para bloquear cualquier intento de Naciones Unidas para frenar la tiranía.

El control del chavismo, mediante las más ruines estratagemas de los dictadores, a la oposición y los organismos internacionales va dejando sólo un camino institucional para contener a Nicolás Maduro y sus aliados: la Corte Penal Internacional. Para llevarlo ante ella existen las evidencias del crimen de lesa humanidad perpetrado contra Pérez y sus amigos, así como la documentación que juiciosamente han acopiado, en forma independiente, el secretario Almagro y la exfiscal Luisa Ortega. Sólo falta, entonces, la voluntad de un país o grupo de países, que puede ser cualquiera de los americanos o europeos, para presentar la denuncia formal contra el dictador. Con ella, le sería muy difícil a la fiscal del organismo no abrir una causa con altas posibilidades de éxito en los objetivos de contener a los chavistas desbocados y, consecuentemente, abrir un camino para que Venezuela recupere la democracia.

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Llegados a la trágica situación en la que el chavismo ha sumido a Venezuela, las preguntas dejan de ser sobre la disposición del régimen a respetar las reglas de juego, así sean las que inventó en la constituyente chavista; tampoco son sobre las capacidades de la oposición o los organismos multilaterales, hoy se dirigen a los gobiernos y grupos críticos del chavismo en busca de aquel que se atreva a dar el primer paso para contener su crueldad.