Manuel Franco Avellaneda*

En Colombia, desde la Constitución de 1991, se vienen impulsando procesos de desarrollo institucional en el marco de la modernización del Estado que buscan su descentralización. Las Secretarías de Educación Certificadas reconocidas por el Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001, tienen la competencia de administrar el servicio educativo en su jurisdicción, garantizando su adecuada prestación en condiciones de cobertura, calidad y eficiencia.

Existen 95 de ellas, de las cuales 32, de carácter departamental, son responsables del servicio educativo, fundamentalmente de educación básica y media, en todos los municipios no certificados: son responsables por la educación de 1.059 municipios de los 1.122 con los que cuenta el país, equivalente a tener el 94,4% de la responsabilidad institucional concentrada en el 33,6% de ellas. Este desafío implica una cantidad importante de recursos e infraestructura que se quedan cortos para las necesidades de muchos municipios del país, asunto evidenciado por el proyecto “Capacidades Locales para la Paz”, (Fundación Ideas para la Paz, 2014), según el cual los equipos gubernamentales tienen escasas competencias para la toma de decisiones sobre el territorio, circunstancia que se complejiza con la existencia de una estructura del Estado insuficiente para las demandas ciudadanas, con poca formación profesional y alta rotación de empleados contratistas dependientes del gobierno de turno.

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¿Cómo enfrentar la situación y lograr una real descentralización? Aunque no hay una única respuesta, existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de fortalecer las iniciativas locales y espacios de participación ciudadana que producen conocimiento e interpelan la implementación de programas de gobierno descontextualizados que carecen de seguimiento y evaluación. Los grupos locales actúan como memoria y desnaturalizan frases propias de una administración amnésica: “esto nunca se ha hecho”, “somos los primeros…”, “ahora sí…”, y consecuentemente dan continuidad a acciones que permiten aprender en el tiempo y construir sobre lo construido.

Fortalecer las redes de directivas docentes es una oportunidad para superar este panorama de poca pertinencia y de Estado insuficiente en el contexto educativo, pues las y los rectores de instituciones educativas son puente entre prácticas y políticas. Con una red nacional, conformada por múltiples redes locales empoderadas y con voz en las decisiones de política educativa, se podría contribuir a superar la generalización y uniformización propia del centralismo: cada red es diferente y socio-históricamente situada. La uniformización ha afectado fuertemente la educación rural en un país de marcadas desigualdades socioculturales y económicas y de una amplia diversidad. Dicha red cobra especial relevancia si pensamos más allá de las agremiaciones para la defensa de derechos laborales, -que sin duda han sido importantes en el contexto colombiano-, y nos situamos en colectivos de pares productores de conocimiento, resultado de comprensiones y análisis compartidos del territorio en el que laboran y de la identificación de sus desafíos profesionales y educativos. Estaríamos frente a asociaciones profesionales que se convierten en órganos consultivos para la toma de decisiones políticas, económicas y sociales, tal como ha sucedido históricamente con médicos, ingenieros y abogados, cuyo conocimiento práctico y comprensión del contexto es valorado como saber profesional indispensable para la gestión pública.

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Redes así sirven como “telar” para “tejer” ideas, desarrollos, posturas, necesidades y demandas, un camino ideal para remendar el tejido descosido que articula el país. El ejercicio consiente de las directivas docentes para enfrentar de manera colectiva los retos educativos de su territorio conduce a conformar una red intencionada que articula particularidades de cada escuela a escala local, para luego vincular a escuelas de cada Entidad Territorial y, como consecuencia, establecer un diálogo abierto entre el sistema educativo en su conjunto. Esta urdimbre se configura en un motor clave de transformación, por ello la importancia de fortalecer las redes, que surgen como una respuesta natural ante las necesidades de intercambio de experiencias, comunicación, formación y reconocimiento que las directivas docentes comparten entre sí.

*Asesor en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.