Anticipo mi opinión: considero que a los integrantes de los cuerpos armados (Fuerzas Militares y de policía), deberían restituírseles constitucionalmente los derechos de poder votar, es decir, de elegir. Estamos en presencia de ciudadanos que merecen detentar una igualdad ante la ley. Pero en este escenario electoral de poder concurrir a las urnas, más no de ser candidatos, los miembros de la fuerza pública son una cáfila discriminada.

La médica y gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, acaba de levantar una polvareda o de alborotar un avispero, piénselo como quiera, y fue allende los pensamientos opinadores de muchos al exponer públicamente que si las Farc tienen la posibilidad de llegar al Congreso, también los militares deberían tener esa misma oportunidad de ser elegidos. Y agregó que en su concepto, los militares y policías deberían poder votar en el 2018.

La propuesta de Toro no es nueva ni revolucionaria. En el año 2004, el inefable Armando Benedetti propuso que los cuerpos armados pudieran contar con el ejercicio del voto. Dicha proposición ardió y terminó en cenizas. Hace un año (julio de 2016), el otro inefable, Roy Barreras, presentó un proyecto de ley para que los cuerpos armados pudieran elegir. Palabras más palabras menos, fue un reencauche de la propuesta de Benedetti. Este asunto venía muy calladito hasta que ahora se revivió con vigor.

Lea también sobre el voto

En Colombia, desde 1930 se viene en esta embestida de restringir derechos, pues el presidente Enrique Olaya Herrera prohibió el voto a los militares activos, motejándolos de apolíticos. Pero fue realmente en 1945, cuando merced a un acto legislativo, se prohibió desde el prisma de la constitución política el voto a los militares. Y se dijo tajantemente que las fuerzas armadas no son deliberantes. Ese tatequieto data desde ese entonces y hoy, muchas décadas después, sale a la palestra bajo una mirada antípoda.

La discusión nacional, desde el punto de vista aritmético, es inane: apenas hay 450.000 miembros de la fuerza pública que obtendrían estos derechos, valga decir, el 1.3% de la cauda electoral. Pero el logro sería significativo en la medida en que los iguala en derechos constitucionales. Si partimos de la base de que elegir es un deber ciudadano y una responsabilidad, encontramos otro recodo argumental para pensar que sería equitativo que los cuerpos armados pudieran votar.

Vea sobre ciudadanía y voto

Un oyente, en micrófono abierto de una emisora, manifestó su opinión bajo una pregunta: ¿Si se les niega el voto a los cuerpos armados, no debería negársele también a los empleados públicos? Lo cierto es que el Estado debería ser garantista en acceder a derechos, no a restringirlos. Ahora bien, conceptúan algunos que los cuerpos armados deben ser obedientes al poder y que estarían marcados por el rótulo de la lealtad electoral. Yo no pienso que eso sea verdad hogaño. Me inclino a conceptuar que sus miembros tienen la sindéresis para optar por un candidato, así sea de otra orilla a la gubernamental, despojándose de imparcialidad.

Para ir aún más lejos, hay países de Europa (no menos de quince), que permiten votar a los presos. ¿No tendrían más derechos las fuerzas armadas que los condenados? Los temores apuntan a que estas fuerzas se conviertan en máquinas electorales o que sellen alianzas con la clase política. Todo cabría en Colombia, que destila una corruptela infame. El MOE dice que es peligroso entrar en una faceta de politización o clientelización de las fuerzas armadas.

Yo sigo pensando que las fuerzas armadas se integran por ciudadanos que piensan, que quieren participar de la democracia, que anhelan votar. Ese derecho, enhorabuena, debería ser reivindicado, así fuera un triunfo de Roy Barreras.