Para transformar en clave revolucionaria la estructura constitucional y legal del país, el gobierno de Santos mantuvo todo el tiempo la máscara neoliberal, de tal manera que, fingiendo virtud económica, fuera difícil tacharlo de agente de los designios del Foro de Sao Paulo. Muy temprano se propuso obtener el ingreso de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), es decir, el club de los países que siguen un modelo capitalista ortodoxo. Para ingresar a esa asociación hay que arrancar por el saneamiento fiscal, que en esencia no es cosa diferente de un gasto público bien financiado, de tal manera que el déficit, cuando se presenta, y el endeudamiento, sean manejables.

Vea también: Comienza la transición

Desde luego, ese ideal es especialmente conveniente para las clases menos favorecidas, porque la inflación es la mayor desgracia para ellas, mientras los más prósperos, o no la sienten o  salen de ella más ricos

En fin, bajo esas premisas el gobierno de Santos presentó en 2013 un proyecto de reforma constitucional muy drástico para mantener el equilibrio fiscal, incorporando en la Carta, como principio rector de la gestión pública, el de la “sostenibilidad”. Esto se conoció como “regla fiscal”, la cual salió del Congreso bastante diluida mediante el Acto Legislativo n° 3 de 2013.

Los economistas han considerado que el déficit de las finanzas públicas apenas debe rondar por el 1% del PIB, conveniente pero difícil disciplina, por la propensión habitual de todos los gobiernos al gasto, porque este es electorero, y el ahorro, impopular.

Ahora bien, para el 2013 el déficit previsto era de 2.3% del PIB, pero tan pronto el presidente sancionó el Acto Legislativo n° 3, empezó a girar desmesuradamente. En 2015 el déficit llegó a 3%, y en 2016, a 4.6%, contradictorio pero deliberado e irresponsable comportamiento que explica el endeudamiento monstruoso del país.

Si no se combaten desde ahora el desequilibrio fiscal permanente y el gasto desbocado, el país llegará pronto a recorrer la senda de Grecia o de Argentina...

Para 2018 se espera 3.1% de déficit, muy elevado, desde luego, pero curiosamente el pasado 5 de agosto se reunió sigilosamente el “Comité Consultivo de la Regla Fiscal”, para recalcular “el déficit permitido, ampliando el periodo para llegar al anhelado 1% hasta 2026”, dando “más espacio al déficit permitido para 2019, del 2.2% al 2.4% y ampliando en cinco años el lapso para llegar a la meta del 1%”.

Desde luego, este celestinaje no combate la adicción al gasto y abre las puertas para el impresionante aumento de la deuda que se requiere para cubrir el faltante de 25 billones en los ingresos, parte de la herencia envenenada que recibe el doctor Duque para su primer presupuesto.

Pero falta considerar el costo del tal postconflicto: según Fedesarrollo, los compromisos con las Farc representan entre 80 y 90 billones en los próximos diez años, mientras la señora Angelika Rettberg, del Programa de Investigación sobre el Conflicto Armado y Construcción de Paz, de la Universidad de los Andes, los calcula en 140 billones.

Cualquiera que lea el acuerdo final se dará cuenta de que las docenas de órganos burocráticos y programas específicos allí contemplados no corresponden a prioridades en materia de desarrollo, ni son productivos, ni generan empleo o exportaciones, porque únicamente obedecen a una concepción marxista retrógrada y destructiva del modelo de la Ocde, discutible pero incomparablemente mejor que el del Secretariado, ya bien probado en Venezuela.

A nadie en su sano juicio se le ocurriría cumplir el tal “acuerdo final”, rechazado por el constituyente primario en el plebiscito y en las elecciones para Congreso y Presidencia, donde los socios de Santos contabilizaron apenas 52.000 sufragios (0.014% del censo), a menos que quiera destruir el país; pero ya empiezan los de las Farc, brazo armado y a la vez parlamentario del Partido Comunista Clandestino, a preparar la “demanda de cumplimiento”, para que algún juez o tribunal ordene al gobierno ejecutar puntualmente ese dudoso convenio, en especial en lo atinente a la destinación de varios billones de pesos cada año para que las Farc los canalicen, empezando por la tal “Reforma Agraria Integral”, antesala de violencia generalizada y de hambruna.

Lo invitamos a leer: Desfachatez

Como todo puede esperarse de un poder judicial al servicio de la extrema izquierda, el gobierno no puede caer en esa gravísima y letal trampa.

Todos queremos que las Farc se sometan a la Constitución y la ley, pero no puede permitírseles que asuman el gobierno del país a través de compromisos absolutamente nulos, con trapisondas jurídicas dolosas, ni que impongan gastos descomunales vía endeudamiento, emisión y despilfarro, para anular el desarrollo e imponer la revolución.