¿Post o pre?

Autor: José Alvear Sanín
28 diciembre de 2016 - 12:00 AM

Cuan peligroso es tener la razón cuando

Los poderosos están equivocados —Voltaire

Cuan peligroso es tener la razón cuando

Los poderosos están equivocados —Voltaire

Con el eje Timo-Santos, según el Gobierno, termina una guerra y alcanzamos una “paz estable y duradera”, en el “nuevo país” del “postconflicto”.

Si el Gobierno adhiere a la superficial definición de que la paz es la ausencia de conflicto, nada hay ahora más alejado de la realidad, porque las Farc (que ocasionaban el 6 % de los homicidios) están fracturadas, el Eln sigue activo (esperando otro “posconflicto” que se les ha prometido); no se sabe de centenares de niños y adultos secuestrados, el narcotráfico, la minería depredadora, las disidencias y la delincuencia común siguen rampantes.

Ahora bien, si había guerra el Gobierno debería hablar de “postguerra”, pero como insiste en “postconflicto”, reconoce tácitamente que solamente ha “resuelto” uno de muchos. No hay país sin conflictos. Si consideramos los numerosos de Alemania o USA, por ejemplo, nos damos cuenta de lo absurdo que es hablar de postconflicto en Colombia…

Pero como la solución ha consistido en entregar la historia, la Constitución y las leyes, para establecer un cogobierno con las Farc (con la fraudulenta refrendación del acuerdo rechazado por el constituyente primario), se ponen en marcha nuevos conflictos, empezando por el legal, que no será el menor.

En efecto, la sustitución dolosa de la Constitución por las 310 páginas de un mamotreto que nunca, así lo digan todos los rábulas del mundo, es ni puede llegar a ser un “acuerdo especial humanitario”, es una trapisonda jurídica tan audaz como malévola. Su refrendación indirecta y parlamentaria es una burla. También es ilegítima la aprobación de ese acto espurio por una Corte Constitucional plegada, y la usurpación inaudita de funciones, por una magistrada que pretende anular un plebiscito mediante el auto admisorio de una tutela.

 

Al raponazo presidencial del plebiscito lo han seguido golpes de Estado conexos, del Congreso, la Corte Constitucional y una señora del Consejo de Estado.

Esa cadena de atropellos instaura el golpe de Estado permanente como sistema de gobierno. El derecho deja de existir cuando es más difícil modificar una decisión de un inspector rural de policía que demoler la Constitución con una serie de páginas de realismo mágico-jurídico.

Bienvenidos pues, a la postdemocracia, donde, como en las viejas repúblicas populares y en Cuba, el Legislativo no delibera y las Cortes no juzgan, porque el totalitarismo exige la conformidad absoluta de todos los órganos con los dueños del poder, ahora Timo y Santos, y pronto solamente el primero, a juzgar por la premura con la que avanza el gobierno de transición.

Para implementar las 310 páginas, el Congreso, basado en un comunicado de prensa, dio trámite (= pupitrazo) a una ley de amnistía redactada por los abogados de las Farc y contraria a los tratados vigentes. Luego ingresarán al fast track (verdadera línea de ensamblaje) los textos de la (In)justicia Especial de Paz, mientras las Farc ya reclaman la inmediata adopción de un plan-marco para supeditar los planes de desarrollo de los próximos diez años al “acuerdo”, lo que es, ni más ni menos, el establecimiento de la dirección centralizada de la economía (Gosplan), como lo exigen en Anncol el pasado 16 de diciembre. Y en paralelo, a un ritmo alocado, el presidente, supervisado por la Csiv y habilitado a la manera chavista, expedirá incontable número de estatutos en 180 días, para fundar el “nuevo país” sobre las ruinas de la democracia colombiana.

Así se va conformando rápidamente el modelo económico, político y social castrista, que solo puede conducir el país a la dictadura, la represión y el hambre.

Desde luego el prevaricato ha dejado de ser delito. Ya no habrá tampoco Procuraduría independiente para señalar la serie de delitos conexos en la cúspide de los altos poderes del Estado, para anular la Constitución y establecer la dictadura. Por eso, a la magistrada Jeanette no le anularán el auto, ni la destituirán por ignorante, ni la procesarán penalmente.

En vez de POST-conflicto hemos llegado a la POST-democracia, que se confunde con la PRE-revolución.

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