Señalan las lesiones en su cuerpecito de dos años que al hijo de Daniela Giraldo lo mataron su madre y padrastro, Mateo Sepúlveda, responsables de maltrato continuado y conocido en su barrio, Cristo Rey. También indican que a ese crimen sin remedio contribuyeron con su silencio los vecinos que conocieron las agresiones contra el niñito muerto el viernes y se dejaron amedrentar por quien maltrató al niño que cuidaba, y era primer responsable de su cuidado, pero no el único.

Lea sobre la medida de aseguramiento a los cuidadores del niño

La muerte del niño de dos años es una tragedia para la sociedad que tenía la obligación de proteger su integridad, salud y vida. Y es dolorosa expresión de la desgraciada violencia intrafamiliar que es azote de la vida en Colombia. Según Forensis, en 2015 fueron denunciados 10.435 hechos de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescente. De ellos, 1.826 ocurrieron contra niños menores de 4 años. Y reconoce el documento que el 75% de los responsables de estos hechos fueron sus directos cuidadores: progenitores o padrastros. La desgracia es peor: ese informe identificó sesenta homicidios de niños o niñas entre 0 y 9 años y reconoció que 43 de ellos acaecieron en sus hogares, 23 por los padres o padrastros.

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Cada muerte por causa de la violencia es una vergüenza para la sociedad. Pero la de un niño, niña o adolescente es su clara responsabilidad cuando callamos ante la violencia, el abuso o el abandono de los infantes o jóvenes. Con el horror de que en casos extremos, como este ocurrido en el barrio Cristo Rey de Medellín, el reconocimiento de la desidia conduce a un condenable intento de justicia por mano propia a cargo de los vecinos que habían dejado pasar el sufrimiento del niñito.

Cuando inició su investigación, que la condujo a dictar medida de aseguramiento a los cuidadores del menor de edad, la Fiscalía buscó vincular por complicidad a los vecinos que conocían de la violencia en esa casa. Al decidir no hacerlo, admitió legalmente la excusa del miedo esgrimida por los silentes. La decisión judicial no resuelve las preguntas morales a quienes admiten estos crímenes excusándose en su autoprotección, en contados casos; en el respeto a una intimidad inaceptable, incluso ante la ley, cuando hay abandono o maltrato a menores de edad, o en una supuesta necesidad de evitar daños a otros niños habitantes del hogar donde sucede esa violencia, actitud indolente e ignorante de la obligación del Estado, y toda la sociedad, de cuidar a los niños en riesgo o desamparados.

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Especial mención y reconocimiento por cumplir su obligación ética y legal de informar del crimen tienen los médicos de la Clínica Las Américas que no admitieron, como pretendió la madre, certificar una defunción por virus, sino que examinaron al niño, encontrando su tragedia, y, consecuentemente, denunciaron los hechos ante la Justicia. Ante la tragedia de la violencia intrafamiliar, ellos se convierten en ejemplo para una sociedad indiferente.