El contralor general de la Nación, Edgardo Maya Villazón; el nuevo procurador,  Fernanando Carrillo Flórez, y el nuevo fiscal, Néstor Humberto Martínez, son figura consagradas de la vida colombiana que llegan con el propósito unificado de luchar abiertamente contra la corrupción que ha hecho metástasis y nos exige hoy más contundencia, mejor trabajo en equipo de los órganos de control, como lo ha reiterado el presidente Santos.

Los tres, y así se ha dicho, llegan a estos cargos con credenciales que los alejan del sectarismo político. Edgardo Maya debe cumplir la función de vigilar las finanzas del Estado, castigar los malos comportamientos de los funcionarios e investigar a los delincuentes. Hay que resaltar el interés de la Contraloría por investigar y denunciar el uso indebido de las regalías y la apremiante situación que atraviesa actualmente la población carcelaria. El Contralor Maya Villazón, desde el momento de su posesión ha insistido en la conveniencia de suprimir las contralorías departamentales y municipales, por la ineficiencia de estas entidades que para lo único que sirven es para extender las prácticas corruptas confabuladas en el clientelismo político. Esto desde luego no será fácil, pues para ello se requiere una reforma constitucional.

Las contralorías, agrega Maya Villazón, se volvieron un nido de extorsión a nivel local: “Te investigo o no te investigo”. Se hace necesario que las contralorías ofrezcan un balance público de cuanto cuesta su sostenimieto. Hace apenas unas semanas el Contralor Maya cifró el costo anual de la corrupción entre 40.000 y 50.000 billones de pesos.

Respecto al procurador Fernando Carrillo, recordemos que fue el líder del movimiento de la Septima Papeleta que impuso la creación de la Constitución del 91; Exministro de justicia; embajador en España, abogado de profesión y experto en Políticas y Finanzas Públicas . Por 17 años, funcionario del BID, lo que le permitirá conseguir recursos de cooperación internacional para fortalecer las funciones de la Procuraduría.

El control disciplinario de los funcionarios del Estado es tarea que le corresponde al Procurador. Su facultad para destituir e inhabilitar a los empleados de la Función Pública, a los alcaldes, gobernadores y funcionarios en general, convierte al procurador en un gran protagonista de la lucha contra la corrupción estatal.

La preocupación por la corrupción está en primer plano del debate público “la que reduce a cero el margen de error en las acciones de las instituciones para hacerle frente”, es un desafío que obliga a recurrir a personas con un perfil idóneo, con un conocimiento profundo de lo público.

Finalmente, el fiscal Nestor Humberto Martínez es el supremo responsable del sistema acusatorio y su función se orienta fundamentalmente a la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal de los presuntos infractores. Forma parte de la rama judicial del poder público, con autonomía administrativa y presupuestal y entre sus funciones está también, como lo establece el artículo 251 de la Constitución: investigar y acusar, si hubiere lugar, directamente o por conducto del Vicefiscal General o sus delegados ante la Corte Suprema de Justicia, a los otros servidores que gocen de fuero constitucional, con la excepciones previstas en la Carta Fundamental.

Porque Maya, Carrillo y Martínez tienen una misión específica, deben alcanzar en conjunto una cruzada final contra la corrupción. “Los tres han asumido ese compromiso. Desviarse del rumbo institucional para buscar protagonismos que no corresponden, o jugarle a la política, serán extravíos que rechazará la opinión pública”.