lma Agudelo y Galo Naranjo llevan dos años y medio esperando una llamada. Esperan que algún día les den la noticia de que la “chiquis” va a llegar a su hogar, proveniente de algún lugar de paso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

El proceso lo comenzaron en junio de 2015, radicaron los documentos en septiembre de ese año y desde entonces han cumplido con lo necesario para conseguir la idoneidad, desde lo social, económico, emocional y de salud.

Tal y como los padres adoptantes, los menores de edad en restablecimiento de derechos también viven un proceso largo e incierto, en el que se determina cuántos de los 126.030 Niños, Niñas y Adolescentes (al 31 de agosto de 2017) que se encuentran bajo custodia del Icbf están en estado de adoptabilidad, es decir, no cuentan con algún familiar hasta el sexto grado de consanguinidad que pueda hacerse cargo de ellos, por lo que pueden ser entregados en adopción a una familia nacional, en primer lugar en prioridad, o a una extranjera.

Aunque la lista de interesados en tener un hijo de padres ajenos sea larga, las adopciones se demoran entre cuatro y seis años por la ocurrencia del proceso del menor de edad y la escogencia de la que en el futuro sería su familia. Ahora, una nueva ley, proveniente del proyecto de ley 310 de 2017 (recientemente aprobada en último debate en la Cámara de Representantes), pretende reducirlo a 18 meses.

La promesa de rebajar el tiempo haría que la niña de tres años que espera esta pareja, como parte de los 11.945 menores de edad que están en adoptabilidad, pudiera llegar más rápido a sus brazos, no sin antes, como lo reconocen los mismos, pasar por el proceso de entrevistas y pruebas que Alma y Galo superaron.

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Aunque el tiempo ha sido apremiante, algunas fases del proceso son valoradas por esta pareja, que lo considera vital para ser padre o madre de uno de estos niños, puesto que “lo aterriza a una realidad que uno desconoce o no quiere ver. Lo que uno sí tiene que tener claro es que el niño que va llegar a ti no ha sido estimulado, le ha faltado afecto. Uno sí tiene que ser consciente y para lo que más se prepara uno cuando está adoptando es para entender que la situación no es normal, tu misión como papá adoptante es nivelarlo y que el niño pueda seguir”, explicó Alma Agudelo.

Tuvieron que certificar, con profesionales que no son dados por el Icbf, en manejo del duelo, superación de problemas familiares y buena crianza para ser aptos. A esto el futuro padre respondió: “Cuando tuvimos que certificarnos en pautas de crianza fue muy importante, se propiciaron conversaciones que Alma y yo nunca habíamos tenido y nos obligó a pensar cómo resolver esas situaciones. Para mí, ahí empezó la adopción”, puntualizó Galo Naranjo.

Hace seis meses, en junio pasado, fueron declarados como preparados para recibir a su “chiquis”, llegando a la fase final de la adopción, ahora solo resta esperar lo que determine el comité de adopciones. Su esperanza era poderla tener en Navidad, pero ya no fue posible, porque al menos la niña debe pasar 15 días con un objeto que será su compañero en la transición del hogar de paso al hogar de esta pareja.

Por ello y ad portas de tener su soñada hija, Alma Agudelo coincide en que aunque el proceso es necesario, la nueva ley beneficiaría a familias que como ella quieran dar un hogar pronto a un niño o niña.

¿La ley es necesaria?

14.832 niños hasta el 31 de agosto de este año no tenían definida su situación jurídica, es decir, procesos que están dentro los términos de la ley, lo que no los sitúa en estado de adoptabilidad aún. El problema se centra en que “niñas, niños y adolescentes sin definir situación jurídica están en riesgo por los vacíos y yerros que presenta el debido proceso, razón por la cual, el proyecto de Ley busca cualificar varios aspectos dentro de los trámites de restablecimiento de derechos”, indica el documento del proponente Telésforo Pedraza, representante a la Cámara.

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En ese sentido, Ximena Norato, directora de la Agencia de Periodismo por los Derechos de la Niñez (Pandi), explicó que con los procesos tan extensos “se desconoce el derecho que tienen los niños a tener una familia, estando cuatro o seis años en un hogar de paso, mientras que hay familias que los pueden adoptar, perdiendo la posibilidad de ser adoptados después”; refiriéndose a que los niños más grandes tienen menos probabilidad de ser adoptados.

El tiempo que dura el proceso está directamente relacionado con que “el trámite de acuerdo al Código de Infancia y Adolescencia tiene dos instancias diferentes, la administrativa y la judicial. La primera la hace el Icbf o diferentes entidades autorizadas por el instituto, es absolutamente larga, agobiante, donde los padres presentan la solicitud”, explicó Carolina Sierra Echeverri, docente de derecho de familia de la Universidad de Medellín.

La abogada de familia argumenta que la duración lo que hace es crear el efecto contrario. “Este proceso puede durar tres años, cuatro y la eficacia es mínima porque hay personas que adelantan la solicitud y mientras transcurren todos esos años pueden desistir de la adopción, o la mujer queda embarazada, entonces es un trámite absolutamente largo”, indicó Sierra Echeverri, al tiempo que agregó que la demora es producto de que el Icbf no cuenta con el personal necesario para suplir la cantidad de solicitudes que se presentan y los procesos para restablecer los derechos de los niños.

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Sin embargo, fue enfática en que tampoco puede entregarse un menor de edad en tiempo récord. “Como la medida de adoptabilidad es la más extrema en el proceso de restablecimiento de derechos, entonces ya cuando es dado en adopción es porque definitivamente ya han agotado todas las vías y saben que los padres no quieren tener al menor. entonces tampoco es una medida que se pueda determinar de un día para otro”, señaló la abogada.

Marco internacional

En concordancia con lo anterior, Manuel Manrique Castro, ex representante de Unicef para Colombia y Venezuela, detalló en una de sus columnas de EL MUNDO que  como antecedente hay que tener en cuenta el Convenio de la Haya (1993), suscrito entre 93 naciones que ratificaron el marco regulatorio más importante de la adopción en el mundo. Colombia lo hizo en 1998,  por lo que en otros países no existen los mismos obstáculos de buscar familiares hasta el sexto grado de consanguinidad y prevalecen los derechos de los niños.