El ministro del Justicia Enrique Gil Botero indicó este miércoles en medio del debate de control político por la situación carcelaria del país y de colombianos en el exterior,  que el problema de hacinamiento y de violación de derechos humanos es una preocupación constante, que se tiene en toda Latinoamérica.

El alto funcionario recalcó que los derechos de los reclusos no deben ser de segunda categoría. “Tenemos un compromiso como Estado de brindar dignidad y garantizar derechos a esta población, hemos venido trabajando en torno a una estrategia integral que busca intervenir en los distintos ámbitos de la política criminal: conductas punibles y sus sanciones, los procedimientos aplicables y la ejecución de las sanciones penales”, dijo.

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Gil Botero explicó que estas tres medidas se basan en las recomendaciones de la Corte Constitucional y la Comisión Asesora de Política Criminal en cuanto a la necesidad de regular el uso de la prisión, promover alternativas que resulten más económicas al Estado y a la sociedad, y que permitan el goce efectivo de derechos. El Ministro de Justicia señaló que es un deber del Congreso de la República y de todas las Ramas del Poder involucrarse en la generación de una política criminal respetuosa de los derechos humanos para promover la creación, implementación y ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad.

El jefe de cartera anunció además un acuerdo con Barranquilla, para construir un centro carcelario y que los municipios de este departamento cumplan con la ley de tener en este establecimiento solo a personas sindicadas, pues el Inpec solo debe estar encargado de condenados.

Además, Gil Botero se refirió a los cuatro proyectos que buscan rebajas de penas y dijo que el Consejo Superior de Política Criminal emitió conceptos desfavorables, pero aclaró que "tres proyectos eran abiertamente inconstitucionales. Este Ministerio voto negativamente contra estos. Sin embargo, el nuestro es afianzado en derecho humanista, pues contribuye al deshacinamiento, busca la protección de los derechos fundamentales y el reconocimiento de garantías a la población privada de la libertad, se basa en los estándares internacionales de derechos humanos”, puntualizó el ministro.