El apoyo de artistas internacionales como Roger Walters, Residente y la agrupación Calle 13, entre otros, a las reivindicaciones del movimiento estudiantil colombiano, suscitaron respuestas de congresistas gobiernistas, como María Fernanda Cabal, quien ha manifestado que el costo de formar un estudiante universitario es más bajo en las universidades privadas que en las universidades públicas y lanza la pregunta ¿Para cuándo el debate del uso eficaz y eficiente del presupuesto público o sólo propaganda de derechos y no de deberes?

La Congresista hace un ejercicio sencillo y es dividir el presupuesto de las universidades públicas por el número de estudiantes que tienen en los diferentes pregrados, para mostrar que el costo de un estudiante en una universidad pública es mayor que lo que paga un estudiante en una universidad privada. Si tomamos en cuenta el razonamiento de la Congresista, para el caso de la Universidad de Antioquia, con un presupuesto estimado por el Consejo Superior para el 2017 (Acuerdo 440 de 6 de diciembre de 2016) en un billón cincuenta y cinco mil novecientos veinte millones novecientos veinte y dos mil ciento noventa y nueve pesos ($1.055.920.922.199) y con una cobertura de 37.636 estudiantes matriculados en el 2017 (Informe de Gestión 2017), el costo promedio por año (mejor inversión) por estudiante en la UdeA sería de $28.056.140.

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Es importante tener en cuenta que del billón de pesos apropiado para el 2017 por la UdeA, sólo el 30.55% corresponde al aporte que hace la nación y el 3.42% corresponde al aporte que realiza el Departamento de Antioquia; es decir $358.742.000.000 son los recursos estatales girados por los entes territoriales para atender 37.636 estudiantes de pregrado matriculados en el año 2017, lo que correspondería a un aporte de la nación y el departamento, por estudiante, de $9.531.884. En la lógica de la Congresista ¿Quién aporta los $18.524.256 que le faltan al costo de cada estudiante?

Retomando la crítica de la congresista al tema de la eficiencia y la eficacia en el manejo de lo público, por parte de rectores y organismos de dirección de las universidades públicas, se puede apreciar que la gestión de los recursos, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, desde la promulgación de la Ley 30, ha sido de tal magnitud que ha logrado aminorar el efecto de la desfinanciación en el que se encuentra. De lo único que está segura la administración de la UdeA, es que cada año recibirá del Estado un porcentaje alrededor del 35% de su presupuesto, para financiar parte de los gastos de funcionamiento, que en el 2017 ascendieron a $848.786.422.199, mientras que debe conseguir los recursos faltantes a través de diferentes proyectos, dentro de los cuales se encuentran la extensión universitaria y los proyectos de investigación, principalmente.

Por supuesto, el ejercicio para determinar la inversión anual que realiza la UdeA por estudiante de pregrado, no puede obedecer a un simple ejercicio de dividir el presupuesto general anual de la Institución entre el número de estudiantes de pregrado. Se equivoca la Congresista en reducir la misión de las universidades públicas solamente a la formación de los futuros profesionales; universidades como la UdeA tienen dentro de sus compromisos misionales desafíos con la generación de nuevo conocimiento en diferentes áreas de las ciencias, las artes y las tecnologías, lo que implica la inversión en un sistema de investigación que compromete recursos cuantiosos, en algunos casos comparables con los que invierte pírricamente el Estado Colombiano a través de Colciencias, y el establecimiento de programas de posgrado, a nivel de maestría y doctorado, la mayoría con acreditación de alta calidad, en donde se forman los futuros investigadores y científicos que el país necesita en todas sus áreas productivas.

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Invitaría a la Congresista a que se acerque a las universidades públicas con el fin de conocer de primera mano, el impacto social, cultural y científico que aportan a sus contextos regionales, además de la formación de los futuros profesionales, investigadores y científicos.

Nota: el presupuesto de la UdeA para la vigencia del 2018 es de $1.116.158.500.000 (resolución rectoral 43655 de 2017), que representó un incremento porcentual global en relación a la vigencia del 2017 de 5.7%, mientras los aportes de la nación crecieron en un 4.1%.