Personas desaparecidas, víctimas de artefactos explosivos, violencia sexual y hacinamiento en las cárceles son algunos de los fenómenos que siguen preocupando a Sébastien Fustier, jefe de subdelegación Antioquia del CICR, quien en conversación con EL MUNDO destacó que pese al cambio que ha generado el cese de hostilidades con las Farc, inquietan las victimizaciones que se presentan a manos de otros actores armados.

¿Cómo ve la CICR el panorama de Colombia en un contexto de posconflicto?

Nosotros en la CICR no hablamos de posconflicto sino de posacuerdo. Para nosotros continúa el conflicto interno porque hay presencia de otros grupos armados como el Eln, el Epl y las Autodefensas Gaitanistas. Lo que resaltamos es que desde hace un año y medio, tras el cese al fuego entre el Gobierno y las Farc hubo una disminución de los combates y de las consecuencias humanitarias sobre las personas de las regiones con presencia del grupo armado. Para nosotros esto es algo muy positivo, pero también es muy importante la atención a las víctimas. A veces el sentirse en posconflicto hace que uno olvide que hay muchas víctimas y que ese enfoque se vaya a otra parte.

Debemos concentrarnos en las víctimas de las minas y restos de explosivos de guerra, del subregistro que existe frente a la violencia sexual, que haya un apoyo de la sociedad a las familias de los desaparecidos, entre otros temas.

Dentro del informe ustedes piden más celeridad y acciones puntuales frente al conflicto armado. ¿Cuáles podrían ser esas estrategias que ustedes propondrían para esto?

Todavía hay personas que sufren, que tienen que desplazarse por amenazas, que sienten miedo por problemas de contaminación por armas, por combates. Los acuerdos dicen muchas cosas y uno piensa que eso da bienestar a las personas, pero cuando vamos a las zonas rurales, vemos que no se han implementado. La gente debe sentir que estamos viviendo en paz, que tenemos soluciones a esos problemas básicos. Nosotros creemos que todavía hay graves infracciones al DIH, la gente no tiene soluciones frente a sus familiares desaparecidos, no ha sido suficiente el trabajo de desminado para que puedan vivir en tranquilidad.

Como institución, quisiéramos ver avances significativos en el país real que podemos alcanzar. Desde siempre hemos pensado que hay muchas colombias, unas muy urbanas que no han vivido mucho el conflicto, pero nos encontramos con unas muy rurales donde el conflicto no ha cambiado y sus poblaciones no entienden cuando se les habla del posconflicto, porque siguen sintiendo los rigores del conflicto armado. Por ejemplo en el Bajo Baudó, Chocó, siguen dándose afectaciones y en éste, como en otros territorios, aún no se ha sentido el posconflicto.

¿Cómo cree que puede favorecer o afectar el posacuerdo el fenómeno del hacinamiento en las cárceles?

Nosotros visitamos los establecimientos carcelarios, recogemos testimonios de los reclusos y vamos al Ministerio y la administración de la cárcel para dar sugerencias que lleven a un ambiente más digno en esos lugares. En los años que llevamos en esta labor, observamos un estancamiento o empeoramiento de las condiciones de hacinamiento en estos sitios penitenciarios. Estamos en el segundo país a nivel mundial con mayor hacinamiento en las cárceles. También detectamos que el acceso a la salud en las cárceles es muy difícil, las personas tienen enfermedades importantes y deben esperar mucho tiempo para ser atendidas.
Por eso hacemos un llamado que la política criminal sea más enfocada en la prevención y reinserción, y no la detención preventiva. Sin este rediseño de la política, cualquier cantidad de personas entren o salgan a razón del posconflicto, no solucionarán la crisis carcelaria que ya se vive en el país.

¿Consideran que han mejorado las condiciones de vida frente al peligro de los artefactos explosivos en los nuevos territorios con ausencia de las Farc?

Hay esfuerzos del Gobierno y realmente hubo una disminución drástica de muertos y heridos el año pasado; eso es algo muy positivo. Sin embargo, aún hay zonas con muchos artefactos explosivos y muchas comunidades afectadas. Por ejemplo, en Chocó hay mucha restricción; no quieren dejar que sus hijos vayan a jugar, no pueden cultivar por el temor a una posible explosión y se limitan mucho en su movilidad. Dentro de las conversaciones con las Farc, nosotros insistimos a ambas partes que empezaran a llevar a cabo labores en el plazo inmediato para enfrentar esta situación.

¿Qué dificultades han visto frente al protocolo y el proceso de la entrega de menores por parte de las Farc a sus familias?

Hay que recordar que en Colombia existe una legislación muy sensible frente a cualquier asunto que tenga relación con menores, la cual protege mucho al joven y esto afecta los procesos que se lleven a cabo con ellos. El DIH prohíbe expresamente el reclutamiento de esta población para el conflicto armado. Cuando se empezaron los diálogos, nosotros sugerimos que este tema estuviera en el centro de las medidas inmediatas, ellos negociaron y en el momento de la salida de ellos de las filas insurgentes, aportamos toda la logística para recibirlos en los territorios. Debemos conservar la confindencialidad, para que estas personas se reintegren a la sociedad de forma satisfactoria y continúen sus vidas.

Esta es una labor que continúa; aquí en Antioquia comenzó el proceso y pensamos sacarlo adelante frente a la complejidad, con ese comportamiento “gota a gota” con el que se ha manejado. En el momento no tenemos las cifras de los menores en poder de las Farc, creo que ni ellos mismos saben cuántos son. Sin embargo, hasta el momento los procesos y protocolos que hemos llevado se han dado dentro de lo normal y no han existido dificultades. Las autoridades son las responsables de continuar con los procesos de cuidar, apoyar y proteger.