Por: Pablo Pinto Brun

El manual antiminero viaja desde México hasta Argentina con la única finalidad de desprestigiar a las empresas y, aún sin fundamentos reales, crear un mundo apocalíptico que destruya su reputación. No hay oportunidades, el dialogo allí no es una opción, es una guerra frontal contra el sector productivo legal.

En un país tan complejo y polarizado como Colombia no podemos darnos el lujo de caer en la nueva moda de la era digital: el terrorismo mediático. Con el boom de las redes sociales, sumado al activismo recalcitrante de aquellos que quieren ganar protagonismo para llegar a un cargo público, la defensa del medio ambiente se convierte en un mecanismo para construir capital electoral y no en un objetivo genuino y noble para defender nuestro planeta. Con este panorama el Manual Antiminero es una herramienta viva de trabajo, que alienta el matoneo digital, enciende el activismo y la polarización que vemos en estos días.

Escrito por Carlos Zorrilla y titulado “Protegiendo a su comunidad contra la minería y otras operaciones extractivas” este manual es la ruta de trabajo para coaccionar comunidades y evangelizar con frases pegajosas como “Compañía de la muerte”.

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Pero ¿de qué tipo de manual estamos hablando?

Se trata de un documento de 61 páginas que expone paso a paso, para dummies, qué es el sector minero, sus impactos, mecanismos de resistencia, casos e imágenes de referencia. Éste último, con una mezcla de todo con todo, claro, lo importante es confundir al lector.

Presenta, según Zorrilla, estrategias para defenderse. Para el caso colombiano, sería interesante ver como plantean la lucha para defender a los pobladores del Río Atrato, en Chocó, de la voracidad de la minería ilegal. Creo que esto no les interesa a los activistas, por ahí no es su lucha. El objetivo son las empresas legales, no los ilegales que dejan piscinas de mercurio por doquier.

Definiciones y tipos de minería, pasos del proceso, y los mecanismos de contención legal están allí descritos. En el capitulo “Utilice la Ley y el proceso político” explican cómo frenar cualquier proyecto con demandas, recursos de inconstitucionalidad, referendos y consultas locales. Nada nuevo en el panorama local, en el que vemos como grupos activistas se pasean a sus anchas por Concejos Municipales promoviendo consultas populares, acuerdos municipales y todo tipo de “leguleyadas” para frenar los proyectos. Todos ignoran la Sentencia 095 de la Sala Plena de Corte Constitucional que señala que ningún Municipio puede prohibir actividades de exploración y producción.

Por ejemplo, cita el manual: “estudie detenidamente la constitución y la legislación minera para buscar oportunidades (…) si esto no funciona presente un recurso de inconstitucionalidad contra la compañía minera y/o el gobierno basado en una violación legal o constitucional”.

De igual forma, en la sección Referendos / consultas locales indica: “los referendos locales se han convertido en una forma popular de democratizar el proceso de toma de decisiones. En casi todos los casos, los electores, han rechazado abrumadoramente los proyectos extractivos”. Conocen muy bien cómo presionar, hay que reconocerlo, y así lo expresan en su manual. “Las demoras son muy costosas para la compañía. Por otra parte, se molestan los inversores y dan más tiempo para difundir el mensaje y organizar la resistencia”.

Años de ciencia e investigación son reducidos a “El EIA a menudo oculta, omite o resta importancia a los impactos negativos”, así de fácil, sin rigor técnico ni responsabilidad.

Vías de hecho y victimización

Descrito en el documento como “método creativo de desobediencia civil” y explicado como un menú de restaurante en el que los líderes de ese activismo pueden elegir a la carta “lo que es mejor para su situación”. Por ejemplo, bloqueos que “impidan la entrada de la compañía por todos los medios posibles (…) el bloqueo de caminos de acceso, huelgas de hambre y otras acciones de desobediencia civil han sido utilizados con éxito por comunidades bien organizadas en todo el mundo. Una táctica simple es quitar las estacas, banderas y otros marcadores topográficos de la compañía”.

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Por supuesto, no podemos olvidarnos de la típica y siempre vigente “Carta al Presidente” el mecanismo más “trillado” y pasado de moda, pero que siempre presentan en medios. Últimamente, en unos formatos que intentan viralizar en redes, pero que por su estructura aburrida y densa no logran posicionar.

“Haga que los residentes del área de la mina envíen un mensaje personal al presidente del país (…) Un personaje de renombre a nivel nacional en dicho país también podría ser reclutado para aumentar la presión”. Para la muestra de un botón, hoy vemos como reconocidos escritores y periodistas, así como agencias de relaciones públicas, amigos de poderosos empresarios, lideran la agenda antiminera del país.

“Los ambientalistas, de las más diversas afiliaciones políticas, debemos encontrar puntos de convergencia para atacar la crisis ambiental que nos acecha. Convertir el tema ambiental en otro campo de polarización es irresponsable: se atropella el derecho a un medio ambiente sano”. Sabías palabras que unos meses atrás trinó el exministro, e ícono de la defensa del medio ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, invitándonos a pensar, y a reflexionar, en una defensa del medio ambiente sin polarización, odio, acoso y ataques al sector legal productivo.

Es hora de que aquellos quienes lideran la lucha y la defensa por el medio ambiente reformulen su estrategia, una que no persiga las empresas legales y ponga en el ojo del huracán a los ilegales, quienes actúan impunemente mientras se persigue la industria legal. Cómo decía Jaime Garzón: “fíjese como estamos de extraviados en nuestra realidad, como es de absurda nuestra lógica, hay una antilógica al orden”.