El 19 de junio de 2015, la inefable Natalia Springer firmó un polémico contrato (¡otro más!) con el alcalde de Valledupar de entonces, Fredys Socarrás, por la friolera de $1.400 millones. Su objeto en el papel era el de retribuir unos eufemísticos talleres de formación de cogestores de paz y el término que convinieron las partes para su ejecución, fue de tres meses. Pues bien, resulta que la Procuraduría General de la Nación acaba de abrirles pliegos de cargos al exalcalde Socarrás y a tres exfuncionarios de su administración, luego de encontrar irregularidades dado que este contrato se hizo sin el lleno de los requisitos legales y, para variar, fue otorgado a dedo.

Natalia Springer (verdaderamente Natalia María Lizarazo), fungía para las hechiceras contrataciones, con la rimbombante razón social de Springer Von Shwarzenberg Consulting Services S.A.S. Como se recuerda, en cuatro años, facturó $ 4.275 millones en contratos que celebró con Eduardo Montealegre, el exfiscal General de la Nación, de cuyo nombre nadie quiere acordarse. Estos innecesarios contratos, apuntaban a la materia de procesamiento de datos por crímenes cometidos por las Farc, el Eln y por bandas bacrim y tenían dizque reserva informativa, vaya uno a saber por qué.

No contenta con lo anterior, la Natalia recibió el noticionón de otros contratos con el Ministerio de la Vivienda y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La Contraloría investiga presunto detrimento patrimonial e incumplimiento del objeto contractual, como graves hallazgos fiscales. Y se advierte que, para uno de los contratos, la Contraloría señaló el pecado mortal de presunta incidencia penal por una supuesta violación de derechos de autor, puesto que al parecer hubo reproducción parcial de textos que, sin mencionar la fuente, fueron arrancados de documentos visibles como el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia del Municipio de Montería y el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla.

Lo peor que le pudo pasar a Springer fue la salida de su partner Eduardo Montealegre. Casi un año después de que se presentara la primera denuncia penal por las presuntas irregularidades en los aterradores contratos firmados entre la Fiscalía y la empresa de la “contratóloga” Natalia Springer, la investigación se empezó a agitar en el ente acusador. El director de la Red de Veedurías ciudadanas, Pablo Bustos, denunció que se incurrió en los delitos de: celebración indebida de contratos, tráfico de influencias e interés indebido en la contratación. Llama la atención que ya la firma con que operaba la Natalia no funciona en un edificio del norte de Bogotá y que ya se entregó la oficina hace varios meses. ¿Borrando rastros?

La mermelada a periodistas y columnistas, es una manera de ganar reciprocidad: yo hablo maravillas de ti y tú me das un contratico (o contratote, depende). El propio gobierno de Santos pagó $10.360 millones a medios de comunicación, por divulgar el proceso de La Habana. Todas estas extravagancias, compra-conciencias, son impúdicas y reflejan la falta de ética de los beneficiarios. Se habló, en su momento, del cartel de la contratación para extender lo avieso a contratos amañados y de gratificación con entidades públicas, bien carnudos. No se olvidan los favorecimientos a Roberto Prieto, también en materia de contratos.

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Hubo un valiente personaje: Alejandro Ramelli Arteaga, exjefe de la Unidad de Análisis y Contextos (Unac) de la Fiscalía, quien denunció tachas frente a los contratos de la Natalia. Lo primero que dijo, fue que nunca se hizo un estudio de necesidad del contrato y lo segundo, que los informes de Springer eran vagos e inútiles para las investigaciones prometidas. Definitivamente, en materia de agradecimientos políticos, un contrato no se le niega a nadie. Menos a Natalia Springer o a Roberto Prieto. La pregunta es: ¿Qué fue lo que tanto le debía Eduardo Montealegre a Natalia Springer, para darle esa millonada en contratos? ¡Ay hombe, Natalia!